Se cumple un año del primer debate presidencial de la historia argentina

El 4 de octubre de 2015 la política argentina vivió un día histórico. Por primera vez sus candidatos a presidente contrastaron sus plataformas electorales en un debate público y televisado para todo el país. El encuentro se realizó en la Facultad de Derecho, fue organizado por Argentina Debate y tuvo entre los moderadores al periodista de Infobae Luis Novaresio.

Hubo un gran ausente. Confiado en las encuestas que lo situaban primero, el candidato oficialista Daniel Scioli faltó a la cita. Su atril vacío no pasó desapercibido. Massa lo hizo notar durante la discusión de ideas y los electores lo castigaron en las urnas a tal punto que terminó perdiendo una carrera que había iniciado primero.

"La interacción entre candidatos que se dio allí generó, cuanto menos, dos situaciones positivas en términos informativos. En primer lugar, la especificidad de los temas tratados y el tiempo de exposición (mayor que la duración de los spots) dieron lugar a definiciones más claras de los candidatos en relación a la agenda pública. En segundo término, el ámbito formal y el intercambio con otros complementó lo anterior y aportó a los votantes un atajo informativo, dado que observar a todos los candidatos juntos permite compararlos rápidamente", evaluó la organización a un año del encuentro.

Este primer debate sirvió de puntapié para la realización del segundo, en el cual Scioli sí aceptó debatir con Macri, el postulante de Cambiemos. Sin embargo, el cambio de postura no fue suficiente para revertir las encuestas que de cara al ballotage lo mostraban en desventaja.

El resultado fue inapelable: se calcula que el debate realizado para la segunda vuelta electoral tuvo picos de 58 puntos de rating, superando – por ejemplo– a la final del Mundial de fútbol de Brasil 2014 que diputaron Argentina y Alemania.

Hacia la institucionalización

A un año de aquella experiencia exitosa, Argentina Debate destacó el valor que tendría que el Estado a través de una norma votada por el Congreso garantice los medios para "organizar, producir y transmitir" este tipo de encuentros políticos. En esa ley se debería garantizar la infraestructura y el presupuesto para su realización.

Y en un segundo plano sería importante que la obligación de participar se derive de las expectativas de la sociedad más que de la norma formal que la sancione. "Porque más allá de los cuestionamientos de constitucionalidad o potenciales escenarios de judicialización que podrían representar estas sanciones, es necesario valorar la capacidad del Estado de garantizar la oportunidad del debate y, a la vez, dejar que las energías sociales fluyan para la creación de un bien público con la mayor apropiación de los participantes y de la sociedad, que empoderada penalizará socialmente", aseguraron desde Argentina Debate.