Megacausa III: familiares de imputados denuncian irregularidades en juicios de lesa humanidad

Cayetano Fiorini tenía 86 años y hacía cuatro que esperaba ser sometido a juicio. En un proceso anterior le habían dictado falta de mérito pero fue revocada en 2013. Tras esa decisión fue detenido y estuvo preso en el penal de Colonia Pinto, en la provincia de Santiago del Estero.

Compartía cárcel con delincuentes comunes que, en más de una oportunidad, protagonizaron cruentos motines. En verano la temperatura en esa zona supera los 40 grados y Fiorini, pese a tener un ventilador en su celda, no podía usarlo porque la mayoría de los días se corta la luz en esa unidad penitenciaria. El agua que sale de las canillas del penal de Colonia Pinto no se puede tomar porque las napas están contaminadas con arsénico. Tampoco podía recibir visitas frecuentes, por la distancia que hay entre el penal y la ciudad de Buenos Aires, donde está radicada su familia. En la cárcel, Fiorini se quedó ciego. Luego de estar un año en Santiago del Estero le otorgaron la posibilidad de seguir detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Mientras cumplía arresto domiciliario su esposa enfermó gravemente y fue operada. Fiorini pidió autorización para ir al hospital a acompañarla y los jueces se la negaron. A los cuatro días la mujer falleció. La jueza Alicia Noli –apartada recientemente de la causa por la Cámara Federal de Casación Penal– revocó dos veces la prisión domiciliaria de Fiorini y ordenó trasladarlo al penal de Ezeiza. En una de esas oportunidades lo fueron a buscar a su casa a la 1:30 de la madrugada y pocos días antes de una operación programada para extirparle un riñón, afectado por el cáncer.

El 22 de agosto comenzó el juicio conocido como "Megacausa III" en Santiago del Estero. El defensor de Fiorini pidió que se llevara a cabo una junta médica para determinar si estaba en condiciones de afrontar el proceso, pero nunca se hizo. Sólo se le permitió que participara a través de videoconferencia y el tribunal le exigió que estuviera frente a la computadora durante todo el tiempo que duraran las audiencias, que comenzaban a las ocho de la mañana y se extendían hasta las 10 de la noche. Los jueces desconocieron el dictamen del perito que decía que Fiorini no estaba en condiciones de estar en juicio. El 29 de julio de este año, el doctor Mariano Castex, médico legista, señaló en su informe: "Se reitera de modo enfático que el causante no tiene capacidad para estar en juicio".

Pese a que la Cámara Federal de Casación Penal había suspendido el juicio, el tribunal continuó con las audiencias. El estado de Cayetano Fiorini siguió deteriorándose. A los 86 años, ciego, sin un riñón, con problemas coronarios y con un cáncer terminal, el 19 de septiembre falleció. El mismo día, murió otro de los imputados: el ex juez Arturo Liendo Roca. El ex magistrado había sido sobreseído en tres oportunidades anteriores. Tanto los peritos de parte como los oficiales habían dictaminado que por su delicado estado de salud no estaba en condiciones de estar en juicio. Sin embargo, ese informe –tras ser entregado en el Tribunal– se perdió y apareció luego de iniciado el juicio con signos de haber sido adulterado, denunciaron los familiares de Liendo.

Los casos de Fiorini y de Liendo Roca no son los únicos en los que se habría privado a los imputados de las garantías del debido proceso y agravado sus condiciones de detención. La ONG "Puentes para la legalidad", conformada por familiares de imputados en causas de lesa humanidad, viene denunciando desde 2008 supuestas violaciones a los derechos humanos durante los procesos judiciales.

Entre las irregularidades mencionan que a sus familiares les niegan las excarcelaciones, aunque no exista peligro procesal; les prorrogan las prisiones preventivas más allá de los plazos máximos que autoriza la ley; les niegan salidas transitorias y la posibilidad de estudiar; no les conceden la prisión domiciliaria a mayores de 70 años y enfermos graves; durante los juicios les niegan la posibilidad de interrogar a los testigos incorporando testimonios de otros procesos que la defensa no pudo controlar; y hasta febrero de este año no les permitían ser atendidos en los hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas. Esta última prohibición fue establecida por la resolución 85 del año 2013 firmada por el ex ministro de Defensa kirchnerista Agustín Rossi. La norma fue derogada en febrero de este año por el actual ministro del área Julio Martínez.

Al mes de septiembre de 2016 -en el marco de los juicios de lesa humanidad- hay 2.518 imputaciones, fallecieron 359 presos; la edad promedio de los detenidos por estas causas es de 74 años, aunque hay uno de 96; hay 223 detenidos en penales que tienen más de 70 años; la duración promedio de las prisiones preventivas es de 5 años (la ley establece un máximo de dos que puede extenderse excepcionalmente a tres) y 112 personas hace más de 10 años que están presas a la espera de un juicio o una sentencia firme.

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