Piden que un crimen del ERP sea considerado delito de lesa humanidad y reabrir la causa

El violento ataque que culminó con la muerte del capitán del Ejército Humberto Viola y su pequeña hija de tres años, María Cristina, y provocó serias heridas a María Fernanda, de cinco, fue uno de los más violentos que perpetró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El lamentable episodio ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, cuando Viola, junto a su familia, llegaba en su auto a la casa de sus padres y fue atacado a balazos por un comando del ERP.  Ocurrió en pleno gobierno constitucional peronista, y se convirtió en un caso paradigmático de la violencia guerrillera, que no dudó en disparar contra menores.

A más de cuatro décadas de los hechos, la viuda de Viola, María Cristina Picón, que estaba embarazada de cinco meses cuando ocurrió el trágico crimen, busca que los responsables sean castigados. Tras un largo derrotero judicial que llevó al expediente al olvido, Picón de Viola hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que el asesinato de su esposo y su hija sean considerados delitos de lesa humanidad y se reabra la investigación.

Infobae accedió al largo escrito que el abogado de Picón de Viola envió a la CIDH. Allí, la viuda de Viola denunció la violación de los derechos contemplados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25° (protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de Ginebra de 1949.

Este último artículo puede resultar clave para que prospere la petición, ya que configura como delitos de lesa humanidad a los atentados contra civiles inocentes en conflictos armados, ya sean internacionales o de orden interno, como el que vivía la Argentina en aquellos trágicos años.

Asimismo, Picón de Viola citó numerosos testimonios, libros e incluso publicaciones de las organizaciones armadas, que la llevan a concluir que "los miembros de la guerrilla fueron instruidos en Cuba, de quienes recibieron un apoyo directo financiero y militar". Se trata de otro dato de relevancia, ya que explicita el apoyo de otro país al accionar terrorista en la Argentina.

"Los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que los acribillaron por la espalda, seguían las enseñanzas de Ernesto Guevara; estaban envenenados por el odio como factor de lucha, ese odio intransigente al enemigo que no reconoce límites morales; se habían convertido, como él lo exigía, en 'efectivas, violentas, selectivas y frías máquinas de matar'", sostuvo en otra parte de la presentación.

Los testimonios y pruebas citada por la señora Viola también apuntan a demostrar que el Estado argentino, por acción u omisión, facilitó en cierta manera el accionar de los grupos terroristas.

En la parte final del escrito, la mujer hizo referencia a los recientes casos de corrupción del kirchnerismo que salieron a la luz y señaló que "como es público y notorio, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron integrados por prominentes miembros de la guerrilla montonera y erpiana".

"En los días en que se presenta esta denuncia, la enorme corrupción de esos gobiernos va saliendo a la luz y son encarcelados ex funcionarios y empresarios ligados a sus máximos dirigentes políticos, mientras la ex presidenta de la Nación es indagada", agregó al respecto.

El camino de la investigación

En octubre de 2009, la viuda de Viola apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la sentencia del juez federal subrogante Daniel Bejas, quien se negó a reabrir la investigación al considerar que no se trataba de delitos de lesa humanidad.

La Cámara no compartió el criterio de Bejas y recordó que la CIDH estableció que la aparición de nuevas pruebas que permitan establecer que un crimen fue delito de lesa humanidad puede permitir la reapertura de un expediente. Sin embargo, se opuso a esto último al considerar que los responsables ya habían sido juzgados.

La señora de Viola interpuso a su vez un recurso en Casación, al considerar que los autores mediatos del ataque contra sus familiares habían sido los integrantes del buró político de la organización guerrillera que lideraba Roberto Santucho. La Cámara rechazó también este recurso y luego la Corte Suprema se opuso a abrir el recurso extraordinario. Ahora, la viuda del militar asesinado recurrió a la CIDH en la búsqueda de justicia.