El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Torres, expresó su respaldo al senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi frente a la denuncia constitucional presentada en su contra por tres legisladores de oposición. El también segundo vicepresidente de la República cuestionó que este mecanismo pueda emplearse para limitar posturas políticas o perseguir a adversarios.
“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario”, escribió Torres en una publicación en su cuenta de X. En el mismo mensaje, manifestó su apoyo a Rospigliosi, integrante de su bancada.
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La acusación fue interpuesta por los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, junto con la diputada Indira Huilca. Los parlamentarios solicitan que se recomiende la suspensión del legislador fujimorista y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de hasta 10 años.
Torres rechaza que la denuncia constitucional limite posiciones políticas
El pronunciamiento de Torres se produjo después de que se conociera la acción presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. El titular del Parlamento sostuvo que este tipo de procedimientos no debería utilizarse como un recurso para acallar posiciones dentro de la discusión pública.
Su mensaje no aborda de manera específica los hechos descritos en la denuncia contra Rospigliosi ni los pedidos formulados por los legisladores denunciantes. La publicación se centró en cuestionar lo que considera un uso político de las acusaciones constitucionales.
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Fernando Rospigliosi es senador por Fuerza Popular y ha mantenido una posición pública crítica frente a decisiones judiciales que, mediante control difuso o de convencionalidad, dejaron de aplicar normas vinculadas con la prescripción y la amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Parlamentarios piden una inhabilitación de hasta 10 años
Según el documento presentado por Vásquez, Quito y Huilca, Rospigliosi habría incurrido en infracciones a la Constitución por un conjunto de denuncias disciplinarias dirigidas contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Los congresistas sostienen que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el senador presentó denuncias contra al menos siete integrantes del sistema de justicia, seis jueces y una fiscal. En cada caso, habría solicitado la destitución de los funcionarios investigados.
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La acusación plantea que estas acciones buscaban amedrentar a jueces y fiscales que procesan o dictan sentencias por violaciones a los derechos humanos. Los denunciantes solicitan su suspensión e inhabilitación para la función pública por hasta 10 años, una sanción que deberá seguir el procedimiento correspondiente en el Congreso.
Las denuncias ante la JNJ y las normas cuestionadas
Entre los magistrados mencionados en la denuncia constitucional figuran los jueces Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz y Miluska Cano López. También aparece la fiscal superior Rosario Quico Palomina. De acuerdo con los parlamentarios, estos funcionarios fueron denunciados luego de adoptar resoluciones que no aplicaron determinadas leyes.
Salvo en el caso del juez Matos Centeno, los magistrados cuestionados habrían dejado de aplicar las leyes 32107 y 32419. La primera regula la prescripción de delitos de lesa humanidad y la segunda concede amnistía a policías y militares. Las decisiones se habrían sustentado en mecanismos de control difuso o control de convencionalidad.
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Los legisladores denunciantes consideran que el patrón de acciones disciplinarias afectaría principios como la separación de poderes, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y la facultad de los jueces para ejercer control difuso. También citan expresiones públicas atribuidas a Rospigliosi sobre la necesidad de “barrer” el sistema judicial, que, según su posición, se produjeron después de fallos adversos a su postura.
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