
El sector pesquero peruano enfrenta nuevamente el impacto de El Niño. Durante el primer semestre de 2026, el desembarque pesquero total alcanzó aproximadamente 1,73 millones de toneladas métricas, frente a 3,75 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 53,8 %. La producción pesquera también se contrajo 42,1 %, hasta alrededor de 736 mil toneladas métricas brutas.
En este contexto, el Ministerio de la Producción-PRODUCE aprobó el Plan de Emergencia de los Subsectores Pesca y Acuicultura, concebido como una respuesta temporal frente a los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027. El Plan articula ciencia, ordenamiento, facilitación administrativa, financiamiento y promoción comercial, y parte de una premisa importante: los efectos de la variabilidad oceanográfica no se limitan a la extracción, sino que pueden trasladarse a toda la cadena productiva.
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Entre sus principales medidas destaca el fortalecimiento de la investigación científica. Se contemplan cruceros de evaluación hidroacústica de anchoveta y otros recursos pelágicos, estudios sobre los primeros estadios de vida de los recursos, investigaciones oceanográficas y monitoreo de las condiciones ambientales y pesqueras durante El Niño.

El Plan también incorpora mecanismos de ordenamiento para los llamados recursos de oportunidad. Se prevé la posibilidad de establecer o modificar temporalmente regímenes especiales, cuotas, límites de captura, temporadas y vedas de acuerdo con la evolución de las condiciones oceanográficas y la disponibilidad de los recursos.
A ello se suman facilidades administrativas, ambientales y sanitarias destinadas a favorecer la continuidad de las actividades pesqueras, acuícolas y de procesamiento. Incluso se contempla la posibilidad de establecer mecanismos excepcionales que permitan a las plantas pesqueras adaptar su operación durante la emergencia, dentro del marco legal vigente.
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También se incluyen facilidades para el pago de multas y mecanismos de financiamiento. Sin embargo, es precisamente en este punto donde aparece una diferencia relevante. Las medidas de financiamiento extraordinario están dirigidas de manera específica a la acuicultura y a los pescadores artesanales, mientras que el Plan no desarrolla un mecanismo equivalente destinado específicamente a sostener la actividad industrial frente a una contingencia que afecta directamente la disponibilidad de su principal recurso.

Y aquí resulta pertinente recordar que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
El propio Plan reconoce la importancia de la actividad industrial y su articulación alrededor de la anchoveta, destinada principalmente al consumo humano indirecto y a la producción de harina y aceite de pescado. También reconoce que una menor disponibilidad de materia prima puede reducir la utilización de la capacidad instalada, afectar el procesamiento y generar impactos sobre el almacenamiento, la distribución, la logística, el empleo y las exportaciones.
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Las cifras muestran la magnitud del problema. Durante el primer semestre de 2026, los desembarques destinados al consumo humano indirecto disminuyeron 70,5 %. El Plan vincula esta caída, entre otros factores, con la suspensión de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro y con la menor extracción registrada en la zona sur en un contexto marcado por El Niño.
La dimensión económica tampoco es menor. Para 2025, el Plan identifica aproximadamente 355 empresas de extracción de gran escala y 19.669 trabajadores registrados en planilla. Para el conjunto de las cadenas de pesca y acuicultura, estima que durante 2026 se generarían alrededor de 305 mil puestos de trabajo, unos 37 mil menos que en 2025.
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Más significativo aún es que, bajo un escenario moderado, el propio Plan proyecta una contracción de 55,7 % del PBI asociado al consumo humano indirecto durante 2026. La menor disponibilidad y extracción de anchoveta se transmite directamente hacia la producción industrial de harina y aceite de pescado y, con ella, hacia los demás eslabones de la cadena.
La ciencia debe determinar cuándo, dónde y cuánto pescar. La protección del recurso no está en discusión. El propio Plan recoge las condiciones que justifican una gestión precautoria y adaptativa, entre ellas el repliegue de la anchoveta hacia zonas costeras, su mayor profundidad y la elevada presencia de juveniles.
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Pero proteger el recurso y proteger la continuidad de la cadena productiva no son objetivos incompatibles.
Si una decisión de manejo resulta necesaria para preservar la anchoveta, también es necesario contar con instrumentos que permitan amortiguar sus efectos económicos sobre las empresas, los trabajadores y los proveedores que dependen de esa actividad. No se trata de flexibilizar las reglas biológicas ni de promover la extracción cuando las condiciones no lo permiten. Se trata de anticipar las consecuencias económicas de una decisión necesaria para la conservación.

El Plan representa un avance importante en investigación científica, ordenamiento, facilitación administrativa y apoyo a determinados agentes del sector. Sin embargo, sus propias cifras muestran que la actividad industrial enfrenta una afectación de gran magnitud y que la respuesta específica para este segmento todavía puede desarrollarse.
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La pesca artesanal necesita infraestructura, financiamiento y capacidad de adaptación. La acuicultura requiere instrumentos que permitan sostener sus unidades productivas. Y la industria necesita también mecanismos que le permitan atravesar una contingencia en la que, por razones científicas y de conservación, no puede operar con normalidad.
Una política de emergencia verdaderamente integral debe mirar todos los eslabones. Porque el sector pesquero no es solo extracción. Es ciencia, embarcaciones, plantas, trabajadores, proveedores, logística, mercados y exportaciones.
La recuperación del recurso será indispensable para la recuperación de la actividad. Pero para que esa recuperación encuentre una cadena productiva capaz de responder, también es necesario preservar hoy los demás eslabones que la sostienen.
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