Dinero del crimen organizado ya se mezcla con la economía formal y minería ilegal podría escalar en Perú, advierte experto

El dinero generado por actividades criminales puede terminar incorporándose a la economía formal una vez que atraviesa procesos de lavado de activos, lo que dificulta seguir su origen y eleva los riesgos para la transparencia, la competencia y la inversión. El fenómeno no es exclusivo de Perú y forma parte de una dinámica que se observa en distintos países de América Latina.

Así lo advirtió Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien señaló que resulta complejo determinar con precisión cuánto dinero de origen criminal ya circula dentro de actividades aparentemente legales.

“El dinero, una vez que se logra ‘lavar’, se integra al sistema”, sostuvo durante el conversatorio “Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina”, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias.

Según Medel, existen estimaciones que sitúan entre 3% y 4% del PBI de América Latina la proporción vinculada de alguna manera con la criminalidad organizada.

El crimen avanza donde el Estado no llega

Para Medel, la expansión de las economías ilícitas no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial. Parte del problema, explicó, se encuentra en territorios donde el Estado tiene una presencia limitada o no ha logrado garantizar servicios básicos, inversión y oportunidades laborales.

“Hay un desafío porque están utilizando espacios donde el Estado debió estar presente y no lo hizo, o lo hizo de mala forma”, señaló.

El investigador remarcó que las organizaciones criminales no necesariamente buscan confrontar directamente al Estado, sino aprovechar zonas donde las instituciones tienen escasa capacidad de control.

“¿Qué podemos hacer cuando el único que llegó a esas zonas fue la criminalidad organizada? No podemos culpar a esa población cuando el Estado no llegó a ofrecer educación, vivienda ni inversión”, afirmó.

Minería ilegal podría seguir expandiéndose en Perú

Uno de los focos de preocupación es la minería ilegal, actividad que en los últimos años ha ganado terreno en distintas zonas del país y que, según Medel, podría continuar expandiéndose.

“Yo sí diría que estamos ante un escenario que va a escalar. Estadísticamente, hemos estado observando que hay muchos grupos criminales que están más interesados y avanzando hacia la minería ilegal. Y esto probablemente va a estar muy ligado al precio del oro”, indicó.

El especialista precisó que el fenómeno no se limita al territorio peruano. Otros países de la región enfrentan problemas similares, especialmente en áreas alejadas de las capitales y con menores capacidades institucionales.

Su análisis apunta además a que la respuesta no debería concentrarse únicamente en operativos policiales o procesos judiciales. La ausencia de educación, inversión y empleo formal también puede facilitar que las economías ilícitas ganen espacio en determinados territorios.

Lavado de activos, corrupción y crimen organizado

Medel explicó que el lavado de activos y la criminalidad organizada están estrechamente relacionados, aunque no son fenómenos idénticos. El lavado también puede originarse en delitos que no necesariamente involucran a una organización criminal estructurada.

Sobre la corrupción, señaló que algunas investigaciones recientes han encontrado casos en los que el vínculo no comenzó porque una organización criminal buscó a un funcionario público, sino porque el propio funcionario acudió a estas redes.

“Fue que el funcionario público fue a buscar a la criminalidad organizada. Por ende, ya estaba corrompido previamente”, sostuvo.

El investigador también planteó mirar la corrupción en el sector privado, pues las empresas pueden ser utilizadas para lavar activos o canalizar flujos financieros ilícitos.

El costo económico de combatir el crimen

Para Medel, el problema también tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de desarrollo de América Latina. Según afirmó, la región destina siete veces más recursos a seguridad que a innovación, una comparación que utilizó para graficar el costo económico que supone enfrentar la criminalidad.

El especialista reconoció la necesidad de fortalecer fiscalías, unidades de inteligencia financiera y policías, pero advirtió que esos recursos terminan compitiendo con inversiones destinadas al crecimiento y la productividad.

Frente a ello, planteó reforzar los controles de integridad y probidad tanto en el sector público como privado, además de mejorar la coordinación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

La discusión reunió a representantes de sectores como textil, metalmecánico, productos de consumo masivo y cigarrillos, así como investigadores, académicos y miembros del gremio industrial.