Gobierno declara en emergencia a Lima y Callao por 60 días ante avance de la criminalidad: ¿Qué medidas se aplicarán?

El Gobierno declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, como parte de una estrategia destinada a enfrentar el incremento de la criminalidad y otras expresiones de violencia. La disposición permitirá ejecutar intervenciones especiales para recuperar el orden interno y reforzar las acciones contra organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) conservará el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre empleo y uso de la fuerza.

El régimen excepcional contempla la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas limitaciones estarán sujetas a las condiciones establecidas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas que tengan carácter masivo y público deberán contar con autorización de las autoridades competentes antes de su realización. En cambio, aquellas que no reúnan estas características podrán desarrollarse sin permiso previo, según lo establecido en la disposición gubernamental.

Operativos definidos mediante inteligencia

La PNP determinará las zonas prioritarias de intervención a partir de información especializada, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos destinados a identificar los sectores con mayor incidencia delictiva. El propósito es concentrar los recursos disponibles en puntos considerados críticos para la seguridad ciudadana.

Para dirigir estas labores se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional. El organismo estará integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, gobiernos locales, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la lucha contra el crimen.

Además, funcionarán comités especializados en coordinación distrital, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. El grupo dedicado al análisis de información podrá utilizar registros policiales, penitenciarios y financieros, junto con sistemas de videovigilancia, drones, tecnología satelital y herramientas de inteligencia predictiva.

Entre las acciones contempladas figuran patrullajes permanentes, controles de identidad, intervenciones contra armas y explosivos ilegales, recuperación de espacios públicos y fiscalización de establecimientos comerciales. También se priorizarán mercados relacionados con trata de personas, tráfico de drogas, comercialización ilícita de armas, venta irregular de chips telefónicos y distribución de autopartes de procedencia ilegal.

Medidas dentro de establecimientos penitenciarios

El decreto incorpora disposiciones para combatir las telecomunicaciones clandestinas desde los centros penitenciarios. Una de ellas contempla el apagón eléctrico en las celdas, con excepción de la iluminación necesaria, además del desmontaje y destrucción de antenas de comunicación instaladas de manera ilícita.

La estrategia también busca fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a investigaciones vinculadas con estructuras criminales. Asimismo, se establecen acciones destinadas a proteger a fiscales y jueces que participen en procesos relacionados con hechos delictivos.

Durante la vigencia del régimen excepcional permanecerán en sesión permanente diversos organismos de seguridad y política criminal, entre ellos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Callao.

Al finalizar los 60 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe con los resultados alcanzados durante el periodo. El documento incluirá, además, recomendaciones para determinar las medidas que podrían adoptarse posteriormente frente a los niveles de criminalidad registrados en la capital y el primer puerto.