Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

El anuncio del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, para retirar el proyecto que castigaba la apología al delito durante protestas no cerró la controversia generada por su propuesta legislativa. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que, más de 72 horas después de esa promesa hecha por el parlamentario en un texto de su autoría, la iniciativa sigue en trámite en el Congreso y ya fue derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

“Pese a anuncio de retiro del PL de diputado Bravo (Renovación Popular), que criminaliza la actividad periodística y afecta gravemente las libertades informativas, el proyecto sigue vigente: ha sido derivado a la Comisión de Justicia y DDHH. Demandamos su retiro inmediato”, indicó la ANP en un comunicado publicado en X.

Zuliana Lainez Otero, presidenta de la ANP y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), sostuvo en declaraciones para Infobae Perú que el proyecto “ha escalado” pese al anuncio del legislador y reclamó el “retiro inmediato” de la iniciativa.

“Ha quedado claro de que es un proyecto de ley que criminaliza actividad informativa, que incorpora nuestra condición de periodistas comunicadores como un agravante del de la apología al delito (...) y que tiene afectaciones no solo para los periodistas, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que con acceso hoy a redes sociales que le permita un alto alcance público (...)”, indicó Lainez a este medio.

¿Qué dice la propuesta del diputado Aldo Bravo?

La propuesta, identificada como el Proyecto de Ley 00043/2026-2031-CD, planteaba penas de entre cuatro y cinco años de prisión para personas con capacidad de convocatoria que promovieran, alentaran o justificaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios o sustancias peligrosas durante crisis políticas o conflictos sociales. Bravo indicó en un texto publicado en el diario Expreso que decidió retirarla para evitar que el debate distraiga al Congreso de asuntos como la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno de El Niño.

“He decidido retirar el citado proyecto de ley para no distraer la actividad legislativa ni la agenda prioritaria para el país”, afirma el diputado en el texto difundido en el diario.

A raíz del texto firmado por el parlamentario, Lainez respondió que el problema persiste porque no existe constancia del retiro y el expediente ya fue enviado a comisión, lo que mantiene abierto el riesgo que denuncian los gremios de prensa.

La ANP sostiene que el riesgo sigue vigente porque el proyecto ya fue enviado a comisión

Lainez situó su cuestionamiento en el estado formal del expediente. “Estamos a miércoles, han pasado ya más de setenta y dos horas y no hay registro del retiro del proyecto de ley”, dijo, antes de precisar que la iniciativa había sido derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Desde esa base, la representante de la ANP afirmó que no se trataba de una alarma abstracta sobre una propuesta ya cerrada. “No queremos pensar que se está jugando al agotamiento del sector en un anuncio que luego no se cristaliza en un hecho”, señaló.

La presidenta de la ANP encuadró el debate en términos de libertades informativas. Sostuvo que el texto “criminaliza actividad informativa” porque incorpora la condición de periodistas y comunicadores como agravante dentro del delito de apología.

Propuesta supondría una amenaza a la actividad periodística

Según Lainez, el problema radica en categorías abiertas que dejarían margen a jueces y fiscales para decidir qué debe entenderse por “legitimar” un delito. A su juicio, ese diseño normativo “generaría sin duda autocensura” por la amenaza de cárcel y por su efecto sobre el ejercicio de los derechos informativos.

Ese mismo eje apareció en los cuestionamientos de otras organizaciones citadas por RPP, medio peruano. El Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto de Prensa y Sociedad y la propia ANP señalaron que la formulación del proyecto podía permitir interpretaciones que alcanzaran la cobertura periodística, la difusión de información de interés público o las opiniones en redes sociales durante manifestaciones.

El Consejo de la Prensa Peruana remarcó que nociones como “crisis política” carecen de una definición técnica precisa. IPYS, por su parte, cuestionó términos como “señalar” o “promover” por considerar que abren la puerta a arbitrariedades penales contra la prensa independiente.