Reformas para recuperar institucionalidad y estabilidad

Desde hace mucho se viene debatiendo la idea de impulsar una reforma política. Es decir, cambios concretos a las reglas de juego de nuestra democracia previstas en una serie de leyes y en la Constitución, con el objetivo de recuperar institucionalidad y estabilidad. A poco de haberse inaugurado un nuevo quinquenio de Gobierno, cabe retomar la discusión de qué reformas deberían priorizarse y por qué.

Para empezar, cabe recordar que ‘institucionalidad democrática’ no significa otra cosa que el cumplimiento regular de las reglas de la democracia (‘instituciones’ = reglas de juego). Por ejemplo, que exista una genuina separación de poderes (artículo 43 de la Constitución), libertad de expresión y de prensa (artículos 2.4 y 61), y elecciones libres y universales (2.1, 31). Un país en el que estas y las demás reglas previstas en la Constitución se cumplen con regularidad es, por ende, uno con instituciones democráticas sólidas. En cambio, si las reglas están solo en el papel, estaremos ante instituciones democráticas débiles.

Las ventajas de ser percibido ante el mundo como un país con instituciones democráticas sólidas son claras: donde se sabe que las reglas se cumplen siempre, existe más predictibilidad y, por ello, mayor confianza para invertir y contratar; tanto para ciudadanos como para inversionistas extranjeros. Instituciones sólidas, además, generan más estabilidad política (lo opuesto a haber tenido ocho presidentes en 10 años siendo una democracia presidencial).

Dicho esto, existen varios cambios a la parte política de la Constitución que ayudarían a recuperar institucionalidad. Para empezar, urge alinear nuestras reglas de destitución presidencial con el resto del mundo: no es razonable que se admita destituir al presidente por cualquier acto que el Congreso considere ‘inmoral’, en un procedimiento con defensa limitada. Sería mejor eliminar la causal de vacancia por “incapacidad moral permanente” –que solo existe en Perú– y, a su vez, ampliar las causales de juicio político (impeachment) contra el presidente, que es como el resto del mundo regula las sanciones políticas contra altos funcionarios.

Es vital también reforzar la independencia del poder político de organismos como el Tribunal Constitucional (TC), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Pueblo. Es decir, de cualquier intento de interferencia desde un Congreso o Ejecutivo. Hoy, por ejemplo, el que todos los titulares de estos tres organismos autónomos sean designados –casi discrecionalmente– por el Congreso al mismo tiempo, por un período de cinco años que coincide con el período legislativo y presidencial, les resta autonomía.

Si el período presidencial pasa de cinco a cuatro años con la posibilidad de una reelección y la elección se hace en una sola ronda (sin segunda vuela), con el tiempo veríamos reducirse la fragmentación, pues como sugerí en mi proyecto de política pública para la iniciativa de la Universidad de Pacífico, Agenda 2026, se crearían incentivos para más voto estratégico por menos opciones y para la formación de coaliciones.

Si el período de los diputados también pasa a cuatro años y los elegimos por territorios más pequeños –por ejemplo, solo uno o dos por cada circunscripción–, se reforzarían más esos incentivos y mejoraría también la sensación de representación: todo peruano sabría quién es ‘su congresista’. Mejor aun si los diputados se renuevan a mitad del periodo, el Senado pasa a ser renovado por tercios y se restablece el equilibrio de poder entre ambas cámaras. Las elecciones generales, además, ahora coincidirían con las subnacionales.

Podrían mencionarse varios cambios más. Pero más allá de qué se priorice, lo importante sería que se logre aprobar un paquete sólido de reformas pronto. Idealmente, durante el primer año. Mientras más tardemos en empezar, más lenta será la recuperación.