El retorno del fujimorismo después de un cuarto de siglo

En noviembre del año 2000, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú –vía fax desde Japón– como producto de una grave crisis política e institucional a causa del polémico caso “Vladivideos” en el cual se podía evidenciar el esquema de corrupción a cargo de Vladimiro Montesinos, el entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que consistía en sobornar a congresistas de oposición, controlar el Poder Judicial (para generar impunidad a altas autoridades y perseguir a opositores), cooptar a importantes medios de comunicación (para no difundir la corrupción gubernamental y desprestigiar a adversarios), y generar corrupción en grandes contratos estatales. Una vez descubierto este oscuro mecanismo, la presión social y el desbande de los congresistas oficialistas dejó a Fujimori sin capacidad para seguir ejerciendo el poder. Es más, el Congreso rechazó su renuncia y lo declaró con “incapacidad moral permanente”. Posteriormente, fue detenido en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007, dónde pasó 15 años de cárcel tras recibir cinco sentencias condenatorias por casos de corrupción y de vulneración de derechos humanos.

A pesar de todo este descrédito a causa de la corrupción sistemática y el incumplimiento de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ello no implicó el fin de la corriente política del fujimorismo, entendida ésta como el énfasis en la seguridad nacional (con un notable triunfo al desarticular grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), el gran impulso a la economía de libre mercado (al lograr superar la hiperinflación de finales de la década de 1980), programas sociales de impacto popular y la seguridad jurídica para las inversiones privadas. Por el contrario –luego de una serie de presidentes electos y depuestos después del año 2000– la sociedad peruana tuvo un total desencanto de la nueva clase política con mandatarios con índices bajísimos de aprobación popular. Esto generó el resurgimiento del fujimorismo porque gran parte de la población tuvo la percepción que se trató de un gobierno resuelto a tomar decisiones radicales ante escenarios de alta conflictividad.

En concreto, en la última década, Perú ha tenido nueve presidentes, lo cual demuestra una grave y prolongada inestabilidad política. Por otro lado, es importante señalar que la vigente Constitución Política del Estado señala que la presidencia puede quedar vacante por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, esta disposición es interpretada por el Congreso de manera muy discrecional hasta convertirse en una herramienta para evaluar la conducta política o ética de los mandatarios: varios de ellos se encuentran enjuiciados e incluso en la cárcel como Pedro Castillo. En efecto, Keiko Fujimori tuvo la oportunidad de ganar las elecciones de este año por varios factores: el fuerte desgaste de la clase política, la fragmentación de la oposición, y la renovación del relato fujimorista con los nuevos problemas que afligen al país (el auge del crimen organizado y la inestabilidad política).

Después de un cuarto de siglo, el fujimorismo retorna, encarnado en Keiko Fujimori, con la gran promesa de recuperar la seguridad ciudadana, generar estabilidad económica, desburocratizar el Estado, y usar la tecnología para evitar la corrupción. Sin embargo, parte de la fragmentada sociedad considera que puede abrirse una etapa de alta polarización marcada por el uso político de entidades públicas, la concentración del poder, el socavamiento de la independencia judicial y la generación de impunidad para investigaciones sobre hechos cuestionables de la década de 1990. Hoy la nueva presidenta electa promete llevar a cabo su programa de gobierno respetando la ley y sin incurrir en excesos. A la sociedad peruana le corresponderá determinar si sus futuras acciones se enmarcan o no conforme al Estado de Derecho.

(*) Luis Yáñez Valdez, el autor de esta nota, es alumno antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya.