Ocho militares son recluidos en un penal de la sierra central del Perú por la muerte de cinco civiles

Ocho integrantes del Ejército del Perú enfrentan 12 meses de prisión preventiva mientras son investigados por el presunto delito de homicidio calificado contra cinco personas, entre ellas un ciudadano colombiano, luego de un operativo realizado el 25 de abril en la región surandina de Huancavelica. Ahora se encuentran recluidos en el penal de Huamancaca Chico, ubicado Huancayo, en la sierra central.

La decisión, tomada por un juzgado peruano tras una audiencia de casi 24 horas, reduce en seis meses el plazo solicitado inicialmente por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, encabezada por el fiscal provincial Johel Chamorro.

Los militares, además, serán investigados por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de otros tres ciudadanos que sobrevivieron al incidente ocurrido en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la provincia andina de Tayacaja.

El caso ha despertado inquietud nacional e internacional, pues, según el Ministerio Público, los imputados habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), un territorio afectado por la violencia del narcotráfico y la presencia de remanentes del grupo armado Sendero Luminoso.

La versión militar

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos se desencadenaron cuando una camioneta que transportaba al menos a siete personas fue acribillada por los militares. Según la versión de los acusados, el vehículo no se detuvo ante la orden de alto y los ocupantes supuestamente comenzaron a disparar contra los miembros del Ejército. Sin embargo, las diligencias realizadas por las autoridades no hallaron armas ni drogas en el interior de la camioneta atacada.

La Fiscalía peruana sostuvo que la medida de prisión preventiva busca garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo de las indagaciones, esenciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. La decisión judicial se comunica en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, según lo señalado por el Ministerio Público.

Reacciones y contexto

Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el caso y solicitó una investigación exhaustiva que determine si hubo un uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de los militares. La intervención de la organización internacional añade presión sobre las autoridades peruanas para garantizar transparencia y justicia en el proceso.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó que entre las víctimas se encontraba un ciudadano colombiano que había ingresado al país de manera irregular y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.

Reclusión de los militares

La tarde del 20 de junio, los ocho militares fueron internados en el penal de Huamancaca Chico, en Huancayo, bajo un fuerte resguardo policial. Según la información difundida por Huanca York Times, los imputados firmaron la documentación de ingreso dentro de las camionetas para evitar que se registraran imágenes de sus rostros. La medida buscó preservar la identidad de los acusados ante la expectación mediática y social generada por el caso.

La investigación continúa mientras los ocho militares permanecen privados de libertad, en un proceso que mantiene la atención pública sobre el uso de la fuerza militar en zonas de conflicto y la protección de los derechos humanos en el Perú.