El Gobierno del Perú aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, un nuevo marco obligatorio que redefine la gestión y la provisión de estos servicios esenciales en todo el país.
El documento, oficializado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), responde a la urgencia de atender las brechas de acceso seguro y sostenible, especialmente en comunidades rurales y sectores vulnerables.
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El acceso seguro a agua potable y saneamiento, una deuda histórica
Según el diagnóstico, solo 37,6% de la población nacional tenía acceso a agua potable gestionada de manera segura en 2024, mientras que el 33,6% accedía a saneamiento adecuado.
El otro 62,4% (21,3 millones de peruanos, INEI 2026) no corre con la misma suerte, es decir, solo accede a agua sin la dosis de cloro adecuada o sin la presión necesaria, aunque tengan tuberías.
¿Y cuántos beben directamente de fuentes naturales, expuestos a la contaminación? Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del INEI, el 2,7% de los hogares a nivel nacional (casi 1 millón de peruanos) que no cuentan con red pública se abastece de río, acequia, manantial o similar.
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El Ministerio de Vivienda, en su exposición de motivos, asevera que las cifras son más críticas en el ámbito rural, donde apenas un 4% accede a agua potable y solo 10,3% a saneamiento seguro.
El informe, que utiliza la información del INEI, revela que en regiones como la selva y la sierra menos del 22% de la población cuenta con agua potable segura, mientras que Lima exhibe una cobertura de 70,5%.
“Un hogar limeño sin acceso a la red paga hasta 7 veces más por el agua que uno conectado”, sostiene la SUNASS en su reporte de 2025, de acuerdo con el documento.
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Principales desafíos y causas del rezago
El documento identifica varias causas estructurales detrás de la brecha: limitada confiabilidad de fuentes y sistemas, expansión urbana desordenada, inequidad en la capacidad de pago y en la accesibilidad de las viviendas, debilidades en la gestión de los operadores y baja valoración social de los servicios.
Hasta 49,6% de las viviendas en zonas de crecimiento reciente carecen de acceso a la red pública de agua y, en Lima Metropolitana, el 59% de los hogares ubicados en pendientes mayores a 30 grados no cuenta con conexión domiciliaria. El impacto en salud pública y calidad de vida afecta sobre todo a las poblaciones en situación de pobreza.
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Objetivos y estrategias: hacia el acceso universal en 2050
La nueva política establece seis objetivos prioritarios: aumentar la confiabilidad de las fuentes, reducir la ocupación informal en suelos de riesgo, fortalecer los sistemas de los prestadores, reducir la inequidad en el acceso, mejorar las capacidades de gestión y promover una cultura ciudadana de valoración del agua y el saneamiento.
Estos ejes se traducen en quince lineamientos estratégicos y 33 servicios públicos de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno, bajo la coordinación y supervisión del MVCS.
El modelo plantea inversiones para diversificar fuentes de agua, proteger cuencas, integrar operadores, fortalecer la institucionalidad, establecer subsidios focalizados y desplegar acciones de educación sanitaria.
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“La meta es alcanzar en 2050 al menos el 70% de la población con acceso seguro a agua y saneamiento, y tratar adecuadamente el 76,8% de las aguas residuales domésticas y municipales”, detalla el decreto.
Implementación, financiamiento y alcance normativo
Las acciones previstas se implementarán a través de los planes nacionales y regionales, articulando competencias entre ministerios y gobiernos subnacionales.
El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de la política junto a CEPLAN. El financiamiento se realizará con los recursos institucionales existentes, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.
La normativa sustituye la política nacional aprobada en 2017 y exige la adecuación progresiva de los instrumentos de planeamiento y regulación en todos los niveles del Estado.
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Un cambio de paradigma en la gestión de agua y saneamiento
La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 implica un giro en la gestión pública: la universalización del acceso deja de ser una aspiración y se convierte en un objetivo estratégico, medible y supervisado.
El enfoque prioriza la atención de las brechas históricas en zonas rurales y urbanas de rezago, apostando por un modelo integral y multisectorial que busca garantizar el derecho al agua y al saneamiento como servicios esenciales para el desarrollo y la equidad social.
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