
La bancada de Juntos por el Perú retrocedió en su intención de presentar una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. El abogado del partido, Roy Mendoza, precisó que la medida aún no ha sido interpuesta, ya que la agrupación se encuentra en proceso de evaluación.
“No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, confirmó en RPP.
Según explicó, esta decisión responde a la necesidad de evitar una mayor tensión en el clima electoral, a pocos días de la segunda vuelta.
“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que, lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.
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Mendoza también sostuvo que esta postura marca una diferencia con Renovación Popular y su candidato, Rafael López Aliaga, a quienes acusó de ejercer presión sobre los organismos electorales y de promover la discusión sobre elecciones complementarias.
“A diferencia de, de Renovación Popular, ellos petardean al Jurado Nacional de Elecciones, evidencian su presión. Hacen que el Jurado Nacional de Elecciones discuta cuestiones como las elecciones complementarias. Nosotros no ejercemos ninguna presión”, agregó.
El anuncio de la denuncia
La declaración del abogado surge después de que el congresista y candidato Roberto Sánchez anunciara una denuncia constitucional en contra de la JNJ y el JNE por los hechos surgidos luego del proceso electoral del 12 y 13 de abril. Según sustentó Sanchez, ambas instituciones habrían actuado fuera de sus competencias.
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Sánchez explicó que la decisión busca que se investiguen posibles irregularidades, sin adelantar una condena. Según indicó, durante el desarrollo del proceso electoral se habrían producido acciones que, desde su punto de vista, no se ajustan al marco legal ni a las funciones que corresponden a estos organismos.

Entre los hechos que motivan la denuncia se encuentra la salida de Piero Corvetto de la jefatura de la ONPE, así como el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia en ese contexto. Para el candidato, estos elementos justifican que se active el control constitucional con el fin de determinar si hubo responsabilidades.
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El legislador también señaló que cualquier falla en la organización de las elecciones debe ser evaluada y, de ser el caso, sancionada. En esa línea, advirtió que la segunda vuelta debe desarrollarse sin errores ni decisiones que puedan generar cuestionamientos o afectar la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, Sánchez remarcó que la credibilidad del sistema electoral no depende únicamente de las autoridades, sino también de la vigilancia de la ciudadanía, los partidos políticos y otros actores. Bajo ese enfoque, la agrupación respaldó las movilizaciones realizadas en los últimos días como parte de un seguimiento al proceso democrático.
Acusaciones de fraude
El panorama electoral de cara a la segunda vuelta se mantiene incierto. Por un lado, Renovación Popular sostiene que se habría orquestado un fraude electoral que perjudicó a su candidato, Rafael López Aliaga.
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Por otro, Juntos por el Perú ha cuestionado la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE, así como la posibilidad de convocar a elecciones complementarias.

Lo cierto es que las incidencias registradas durante las jornadas del 12 y 13 de abril han golpeado la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales, como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones.
Hasta el momento, y a más de dos semanas de los comicios, aún no se ha anunciado quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.
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