Las condiciones en las que miles de escolares acceden a la educación pública vuelven a estar bajo observación tras una reciente intervención de control en la región Lima. La atención se centra en un colegio del ámbito rural donde las clases no se desarrollan dentro de aulas convencionales, sino en espacios abiertos, sin resguardo frente a factores climáticos.
La situación ocurre en el centro poblado La Unión, en el distrito de Sayán, provincia de Huaura. En este lugar, la infraestructura educativa presenta deficiencias que afectan de forma directa la continuidad del servicio educativo. La escena descrita por el órgano de control muestra a estudiantes que reciben enseñanza en condiciones que no garantizan protección ni seguridad.
La intervención forma parte de un operativo de alcance nacional que revisa obras públicas y servicios esenciales vinculados a educación, salud y saneamiento. El caso evidencia problemas en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa y abre cuestionamientos sobre la gestión de recursos asignados a este sector.
Estudiantes expuestos por retrasos en obra educativa
De acuerdo con la Contraloría General de la República, un total de 153 alumnos de la institución educativa 20801 Jorge Chávez recibe clases fuera de sus aulas debido a demoras en la construcción del local escolar. La entidad señaló que la situación resulta “caótica” debido a la falta de ambientes adecuados para el desarrollo de actividades académicas.
Durante una visita inopinada, la comisión de control constató que los estudiantes permanecían en espacios abiertos, sin protección frente a lluvias, radiación solar u otros cambios climáticos. Esta exposición genera riesgos para la salud, como enfermedades respiratorias, según lo señalado en el informe.
La entidad sostuvo que estos hechos reflejan incumplimientos en las obligaciones de las autoridades responsables de garantizar infraestructura adecuada para el servicio educativo.
Infraestructura incompleta y riesgos estructurales
El diagnóstico realizado en el plantel evidencia múltiples deficiencias. Entre ellas, la presencia de aulas sin techo y estructuras metálicas deterioradas en la loza deportiva. Según la Contraloría, estos elementos representan un peligro ante la posibilidad de accidentes durante las actividades escolares.
El cerco perimétrico tampoco se encuentra concluido. En algunos sectores, la delimitación del colegio se realiza con esteras, material que no brinda seguridad frente a posibles ingresos no autorizados. Esta situación incrementa la vulnerabilidad ante robos o agresiones dentro del recinto educativo.
Las observaciones también apuntan a la falta de condiciones mínimas para el desarrollo adecuado del proceso educativo, lo que limita el acceso de los estudiantes a un entorno seguro.
Presupuesto asignado y brechas en ejecución
El informe recuerda que el presupuesto general del Estado contempla una asignación de S/ 4 414 887 133 al sector educación, específicamente para el programa de educación básica regular. Estos recursos están destinados a diversas acciones, entre ellas la contratación de docentes, entrega de materiales educativos y mejora de infraestructura escolar.
Del total, S/ 451 493 172 se orienta a infraestructura educativa segura y saludable. Sin embargo, el caso del colegio en Sayán evidencia brechas en la ejecución de estos recursos, lo que repercute en las condiciones en las que se brinda el servicio educativo.
La Contraloría indicó que el control busca contribuir a que estos fondos se utilicen conforme a los objetivos establecidos y en beneficio de los estudiantes.
La intervención en Sayán se enmarca en el “Operativo Multidisciplinario de Control Territorial 2026”, liderado por el contralor general César Aguilar Surichaqui. Esta estrategia tiene como objetivo identificar riesgos en la ejecución de obras públicas y prevenir posibles actos de corrupción.
Como parte de estas acciones, se realizaron verificaciones simultáneas en distintos puntos de la región Lima. Entre ellas, inspecciones a la construcción de un puente en urbanizaciones del distrito de Huaura, a cargo de la municipalidad provincial.
Asimismo, se evaluó la calidad del agua potable en el distrito de Pachangara bajo responsabilidad de su municipalidad distrital. También se revisó el avance de obras educativas en la institución educativa 20002, ubicada en la provincia de Cajatambo.
El operativo incluyó además la supervisión de la distribución de alimentos del Programa de Complementación Alimentaria en la provincia de Canta, así como la prestación del servicio educativo en la institución pública Santa Rita de Cassia, en el distrito de Vicente de Cañete, bajo la administración del Gobierno Regional de Lima.
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