El Ministerio de Salud publicó (MINSA) hoy el Decreto Supremo N° 004-2026-SA, que modifica el reglamento de la Ley N° 30200, promulgada en 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.
Esta resolución, firmada por el presidente José María Balcázar y el ministro de Salud Juan Carlos Velasco Guerrero, ajusta las obligaciones vigentes sobre primeros auxilios en establecimientos abiertos al público, diferenciando con claridad los requerimientos para los centros comerciales respecto de otros comercios.
Una ley que cambió la protección al consumidor
La Ley N° 30200 fue creada para promover el auxilio oportuno a quienes sufran emergencias dentro de establecimientos comerciales, especialmente en espacios de alta concurrencia como malls y grandes tiendas.
La norma, vigente desde hace doce años, obliga a todos los proveedores a disponer de un botiquín de primeros auxilios, pero impone requisitos más estrictos a los centros comerciales.
Diferencias clave entre centros comerciales y otros establecimientos
A partir de la modificación reglamentaria oficializada hoy, solo los centros comerciales deben contar, además del botiquín, con un espacio acondicionado para primeros auxilios, equipamiento y medicamentos definidos por reglamento, un sistema de alerta interna y un servicio de ambulancia para traslados urgentes.
De acuerdo con la nueva disposición del Ministerio de Salud, también están obligados a disponer de personal capacitado, según las normas del sector salud.
En contraste, supermercados, tiendas y otros comercios solo deben garantizar la presencia del botiquín y la capacitación básica en primeros auxilios, eliminando la obligación de contar con este personal o equipamiento crítico.
Así, la adecuación reglamentaria “responde a la realidad y el nivel de riesgo” de cada tipo de establecimiento, de acuerdo con el documento.
Seguridad, derechos y obligaciones de consumidores y empresas
La Ley 30200 y su reglamento buscan asegurar una respuesta adecuada ante emergencias y refuerzan los derechos de los consumidores en centros comerciales.
Entre otras obligaciones, se exige infraestructura adecuada, rutas de evacuación, señalización visible y la presencia de personal preparado para actuar en incendios, sismos u otras situaciones críticas.
El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, multas e incluso procesos legales para los operadores de estos espacios, bajo supervisión de entidades como Indecopi y Sunafil.
La ley también protege derechos adicionales, como la información clara sobre precios, la no discriminación en el acceso a servicios y la posibilidad de exigir responsabilidad ante accidentes.
Importancia de la Ley para consumidores y operadores
Conocer la Ley N° 30200 resulta clave para quienes acuden a centros comerciales o locales de afluencia masiva, ya que permite exigir condiciones de seguridad y trato justo. La normativa fomenta una cultura de consumo informado, en la que los usuarios pueden identificar y defender sus derechos.
Para los operadores, la norma implica invertir en infraestructura, capacitación y sistemas de emergencia, especialmente en centros comerciales, para evitar sanciones y proteger a sus clientes.
Sin embargo, el Decreto Supremo N° 004-2026-SA, emitido hoy por el Ministerio de Salud, reduce las exigencias de seguridad en supermercados y otros comercios, podría dejar a los consumidores con menores garantías de atención especializada ante emergencias fuera de los centros comerciales.
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