La larga cadena de disputas en torno al transporte hacia Machu Picchu tiene un nuevo capítulo. La Municipalidad Provincial de Urubamba publicó oficialmente las bases para concesionar la operación de buses en la ruta Hiram Bingham, el único acceso terrestre que conecta Machu Picchu Pueblo con el ingreso al santuario histórico. El proceso busca ordenar un servicio marcado en los últimos meses por conflictos empresariales, cuestionamientos técnicos y advertencias sobre riesgos en la vía.
La convocatoria llega en un contexto de tensión acumulada. Desde inicios de 2026, autoridades regionales y actores del sector turístico alertaron sobre un escenario caótico en esta ruta, con maniobras peligrosas, disputas entre operadores y una falta de control que incluso fue descrita como una “tierra de nadie”.
Cómo será la nueva concesión del transporte turístico a Machu Picchu
De acuerdo con las bases publicadas por la Municipalidad de Urubamba, el proceso contempla la entrega de seis concesiones para operar el servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham. Cada concesión permitirá a las empresas adjudicatarias operar cuatro buses durante un periodo de diez años, en el tramo comprendido entre Machu Picchu Pueblo y el Puente Ruinas, punto de ingreso al parque arqueológico.
Uno de los aspectos clave del proceso es el perfil de los postores. Podrán participar personas jurídicas o consorcios, siempre que acrediten un patrimonio neto mínimo de 50 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 275,000. Además, deberán presentar una garantía de seriedad de oferta de 185 UIT, superior a los S/ 800,000, un requisito que eleva la exigencia financiera y busca asegurar la solvencia de los participantes.
El cronograma también está claramente definido. La presentación de propuestas será el 30 de abril en un acto público con presencia notarial, mientras que la buena pro se otorgará el 13 de mayo. Posteriormente, la firma del contrato está prevista para el 20 de julio, y el inicio de operaciones para el 21 de septiembre de 2026, fecha en la que el nuevo esquema entraría en funcionamiento.
En cuanto a la evaluación, el componente técnico tendrá un peso determinante. Se asignará un máximo de 60 puntos, con un mínimo de 42 para avanzar a la etapa económica. Esta última se centrará en el porcentaje de canon ofrecido sobre los ingresos brutos mensuales, con una base mínima del 20%. Las propuestas que planteen un mayor porcentaje obtendrán mejor puntuación, lo que introduce un criterio competitivo que podría impactar directamente en los ingresos municipales.
Conflicto político eleva la tensión en Cusco
Las bases también establecen exigencias técnicas específicas para los buses que operarán en la ruta hacia Machu Picchu, consideradas claves para mejorar la seguridad en una vía caracterizada por su geografía compleja. Las unidades deberán ser de categoría M3 clase III, contar con un máximo de 33 asientos, cumplir con la normativa de emisiones Euro VI, e incorporar sistemas como GPS y seguros adicionales al SOAT.
A ello se suma la obligación de que los concesionarios cuenten con infraestructura operativa: talleres, oficinas y estaciones de combustible en Machu Picchu Pueblo, además de una boletería de al menos 40 metros cuadrados en la ciudad del Cusco. El incumplimiento de estas condiciones puede generar sanciones que van desde 1 hasta 15 UIT, e incluso la resolución del contrato en caso de faltas graves o reiteradas.
Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, el proceso ha reactivado un conflicto político y social en la zona. El alcalde distrital de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, expresó su rechazo a las bases al considerar que no benefician a su jurisdicción y que podrían afectar la continuidad de la empresa municipal Tramusa. En respuesta, convocó a una reunión masiva en la plaza Manco Cápac, con el objetivo de coordinar acciones frente a lo que considera una medida perjudicial para la población local.
Desde la Municipalidad Provincial de Urubamba, el alcalde Ronald Vera defendió la licitación y aseguró que se trata de un proceso transparente que permitirá mejorar el servicio. Además, precisó que el 50% de los recursos generados por la concesión será destinado al distrito de Machupicchu, un punto que busca responder a las críticas sobre la distribución de beneficios.
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