Expresidentes del Congreso salen en defensa de Fernando Rospigliosi ante posible condena por difamar a Delia Espinoza

María del Carmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y José Jerí dice que calificativos del presidente del Congreso solo son “opiniones”

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Próxima sesión del juicio Rospigliosi vs. Espinoza será el martes 10 de marzo. Foto: captura Justicia TV
Próxima sesión del juicio Rospigliosi vs. Espinoza será el martes 10 de marzo. Foto: captura Justicia TV

Expresidentes del actual Congreso de la República salieron a defender públicamente al actual titular del Legislativo, el fujimorista Fernando Rospigliosi, ante una eventual condena por difamación en agravio de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

Mediante un comunicado, los expresidentes de la Mesa Directiva expresaron su “preocupación” ante el supuesto “intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejercer la más alta autoridad del Legislativo”.

“El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada”, se lee en el pronunciamiento.

Sin embargo, se omite consignar los términos que empleó Rospigliosi contra Espinoza: “aliada del terrorismo y economías ilegales”.

Y agregan: “Reafirmamos nuestro respeto por la independencia del Poder Judicial y exhortamos a que toda decisión observe los principios de proporcionalidad y mínima intervención, de manera que se garantice un equilibrio entre la protección del honor y una deliberación democrática libre”.

Comunicado de expresidentes del Congreso.
Comunicado de expresidentes del Congreso.

Suscriben el comunicado los expresidentes del Congreso María del Carmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y José Jerí.

Día clave

El futuro legal de Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, se definirá hoy martes 7 de abril, cuando el Poder Judicial dicte su decisión sobre la querella de difamación agravada presentada por Delia Espinoza. La demanda exige una pena de dos años y cuatro meses de prisión, así como el pago de un millón de soles como reparación civil.

La querella fue impulsada por la defensa de Espinoza luego de que Rospigliosi la llamara públicamente “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” sin aportar pruebas ni retractarse tras varias oportunidades. Norma Carbajal, jueza del Juzgado Penal Unipersonal Supremo, cerró el debate del caso el 1 de abril tras cinco sesiones orales. La magistrada programó para hoy a las 15:00 la audiencia de adelanto de fallo, donde expondrá las conclusiones y la decisión sobre el futuro judicial del titular del Legislativo.

Exfiscal de la Nación inició la querella porque la llamó "aliada del terrorismo" sin pruebas. Foto: composición/Congreso
Exfiscal de la Nación inició la querella porque la llamó "aliada del terrorismo" sin pruebas. Foto: composición/Congreso

La defensa encabezada por Rospigliosi argumentó ante la justicia que sus palabras constituían críticas en el contexto de la función pública de Espinoza, quien fue fiscal de la Nación, y sostuvo que las figuras públicas deben estar sujetas a un margen más amplio de escrutinio. Su abogado, Humberto Abanto, indicó que existe un interés público en la deliberación parlamentaria y que la penalización de este tipo de declaraciones podría tener un efecto represivo sobre la libertad de expresión.

Por el contrario, la defensa de Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, sostuvo que los calificativos empleados por Rospigliosi resultan denigrantes y han generado un daño reputacional grave, lo que motivó la querella.

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”. Estas declaraciones generaron el inicio del litigio.