Gobernador del Cusco advierte caos en acceso a Machu Picchu por falta de control: “No hay una solución clara”

La discusión sobre el acceso a Machu Picchu vuelve al centro del debate público en medio de tensiones que combinan factores legales, sociales y administrativos. La falta de definiciones claras en torno al transporte de visitantes hacia la ciudadela inca expone un problema más amplio: la ausencia de coordinación entre distintos niveles del Estado y la persistencia de vacíos normativos.

En ese contexto, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ofreció una evaluación crítica sobre la situación actual. Durante una entrevista con RPP, el funcionario describió un escenario marcado por decisiones contradictorias, servicios cuestionados y una creciente percepción de abandono institucional. Sus declaraciones apuntan tanto al Gobierno central como a los organismos sectoriales que, según indicó, no logran articular una respuesta conjunta.

El tema no solo involucra el flujo turístico, que constituye uno de los principales ingresos del país, sino también la sostenibilidad del entorno y las condiciones de vida de las comunidades cercanas. En ese cruce de intereses, el acceso a Machu Picchu se convierte en un punto de fricción constante.

Conflicto por transporte y falta de definiciones

El eje del problema radica en el servicio de transporte entre el poblado de Aguas Calientes y el santuario histórico. Según explicó Salcedo, existen empresas que operan sin autorización clara, lo que genera incertidumbre legal. “Tenemos dos empresas sin autorización brindando el servicio del transporte de Machu Picchu pueblo al centro arqueológico”, afirmó.

El gobernador identificó a las empresas involucradas como San Antonio de Torontoy y Consetur. En el caso de la primera, precisó que su autorización temporal quedó anulada por una decisión de la Autoridad Nacional del Agua, lo que impide el uso de una franja cercana al río Vilcanota para estacionamiento de buses.

A pesar de ello, el conflicto no encuentra una salida definitiva. “Lo que nosotros hasta ahora estamos viendo es que no hay una solución”, señaló Salcedo, quien también cuestionó la falta de respaldo al municipio provincial, entidad que recibió facultades para intervenir en el tema.

Descoordinación entre sectores del Estado

El gobernador insistió en que el problema supera el ámbito local. Según detalló, al menos cinco sectores deben participar en la toma de decisiones: Cultura, Turismo, Medio Ambiente, Transportes y Comercio Exterior. Sin embargo, indicó que ninguno ofrece una respuesta clara.

Salcedo también criticó la emisión de resoluciones contradictorias. “Sacan una resolución autorizando, ahora la desautorizan. Fíjate en la precariedad en la cual se encuentra nuestro gobierno central”, declaró, en referencia a los cambios en permisos vinculados al transporte.

El escenario se complica con la presencia de asentamientos informales en áreas cercanas a la zona de amortiguamiento del sitio arqueológico. El gobernador mencionó el caso de un grupo de aproximadamente doscientas personas instaladas en espacios restringidos.

Desde su perspectiva, estas ocupaciones responden a una falta de oportunidades. “Esas familias, en su natural aspiración, quieren ser partícipes, quieren incluirse en la cadena, en el círculo de negocios”, indicó. Aun así, dejó claro que no respalda estas acciones: “No justifico, pero sí estoy diciendo quién es el responsable”.

El funcionario vinculó esta situación con la falta de servicios básicos en comunidades cercanas, pese a los ingresos que genera el turismo. “¿De qué me sirve tener doscientos ochenta millones de ingreso solo por las entradas de Machu Picchu (…) cuando nosotros hemos sometido estas comunidades a no tener servicios básicos?”, cuestionó.

Críticas al centralismo y ausencia de políticas sostenidas

Más allá del caso específico de Machu Picchu, Salcedo planteó una crítica estructural al modelo de gestión estatal. Señaló que el centralismo limita la capacidad de respuesta en regiones como Cusco.

El gobernador también vinculó este problema con la falta de infraestructura energética en el sur del país. Afirmó que proyectos como el gasoducto quedaron paralizados por decisiones políticas y casos de corrupción. “Primero, por corrupción. Segundo… del gobierno central”, expresó al ser consultado sobre las razones de la paralización.

Durante la entrevista, Salcedo extendió sus críticas a la supervisión de infraestructura energética, en particular tras incidentes registrados en la zona de Megantoni. Señaló dudas sobre el mantenimiento de los ductos y pidió mayor rigor en la fiscalización.

“Lo que nosotros consideramos es que ese mantenimiento no existe y que más bien esas tuberías se están oxidando”, afirmó. Además, lanzó una advertencia: “No vaya a ser (…) que esta sea el inicio de una escalada de explosiones”.

Sus declaraciones reflejan una preocupación que trasciende el turismo y se conecta con la gestión de recursos estratégicos en la región.