Chile acelera; el Perú observa

Mientras el Perú sigue atrapado en la incertidumbre política y la fragmentación del aparato público, Chile inicia una nueva etapa en la conducción de su política económica. La llegada de José Antonio Kast a la presidencia marca un giro relevante en el rol que tendrá el Ministerio de Hacienda dentro del Ejecutivo. Más allá de afinidades o diferencias ideológicas, hay un aspecto de su programa que merece especial atención desde el Perú: su función como articulador de la política económica.

La propuesta es clara. Hacienda actuará como una verdadera unidad de integración dentro del Ejecutivo. Su tarea será coordinar con las principales carteras económicas para evitar que proyectos de inversión o iniciativas de reactivación se queden atrapados en la burocracia sectorial. La agenda incluye reducir la denominada “permisología”, agilizar la ejecución de proyectos y alinear ministerios clave como Economía, Trabajo, Energía y Medio Ambiente.

El objetivo es elevar la productividad y la competitividad de la economía chilena, facilitando la inversión privada y acelerando la ejecución de proyectos estratégicos. En ese marco también se plantean medidas concretas de política económica. Una de ellas es la reducción del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23%, acompañada de incentivos orientados a promover la formalización laboral.

A ello se suma un ajuste relevante del gasto público. El nuevo gobierno ha planteado una reducción de US$ 6,000 millones en un plazo de 18 meses, equivalente a aproximadamente 1.7% del PBI chileno. Se trata de un esfuerzo de consolidación fiscal que busca recuperar espacio presupuestal y mejorar la eficiencia del aparato estatal.

Las proyecciones de crecimiento para Chile en 2026 se ubican entre 2% y 2.6%, según estimaciones de organismos internacionales y analistas privados. Pero más importante que la cifra puntual es la dirección de las reformas: ordenar el funcionamiento del Estado para facilitar la inversión y el crecimiento.

El contraste con el Perú resulta inevitable. Aquí el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha perdido peso político y capacidad de coordinación dentro del Ejecutivo. Hoy luce más como un árbitro debilitado que como el conductor de la política económica. Cada sector impulsa su propia agenda y el Congreso continúa avanzando con iniciativas populistas que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese contexto, nuestro MEF se parece cada vez más a un tigre sin dientes.

Mientras Chile discute cómo reducir impuestos, simplificar regulaciones y recortar gasto para fortalecer su economía, en el Perú la planilla pública continúa creciendo sin un sustento presupuestal claro. La expansión del gasto se ha vuelto una constante, aun cuando la capacidad del Estado para ejecutar proyectos o mejorar servicios públicos sigue mostrando serias limitaciones.

Si las reformas propuestas logran dinamizar la economía chilena, la competencia por atraer inversión en sectores estratégicos como minería y energía podría intensificarse en la región. Chile buscará posicionarse como un destino más atractivo para el capital privado justo en momentos en que el Perú enfrenta crecientes niveles de incertidumbre política.

A ello se suma el ruido propio de un proceso electoral en el que todavía no está claro cuál será la composición del próximo Congreso ni la estabilidad del futuro gobierno. La incertidumbre política termina trasladándose inevitablemente a las decisiones de inversión.

En un contexto regional cada vez más competitivo, perder tiempo también tiene costos. Chile acelera; el Perú observa.