Comisión de Justicia del Congreso impulsa proyectos que podrían debilitar investigaciones por crimen organizado y corrupción

¿Para quién legistla el Congreso? La Comisión de Justicia, presidida por la bancada de Perú Libre, se prepara para debatir una serie de proyectos de ley que, según algunos parlamentarios de oposición, podrían debilitar las herramientas del Estado para investigar casos de crimen organizado y corrupción. Las iniciativas buscan modificar normas del sistema de justicia, particularmente en lo relacionado con la investigación de altos funcionarios y la organización interna del Ministerio Público.

La congresista Ruth Luque advirtió que las propuestas legislativas no solo afectan la persecución de delitos complejos, sino que también podrían reducir los mecanismos de control sobre las autoridades políticas. Según señaló, se trata de cambios que impactan directamente en la capacidad de fiscales y jueces para investigar redes criminales infiltradas en el Estado.

Entre los proyectos que se encuentran en agenda figuran los PL 07127/2023-CR y 11750/2024-CR, que plantean modificaciones en los procesos judiciales contra altos funcionarios, así como el PL 13424/2025-CR, que propone cambios en la organización del Ministerio Público.

Restricción de magistrados que pueden investigar a altos funcionarios

Uno de los cambios que más cuestionamientos ha generado es la propuesta para que únicamente fiscales y jueces supremos titulares puedan investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado, como congresistas, ministros, magistrados o incluso el presidente de la República.

Actualmente, las investigaciones pueden ser asumidas por un número mayor de magistrados dentro del sistema judicial. Sin embargo, con la modificación planteada, el universo de fiscales y jueces con capacidad para llevar estos casos se reduciría considerablemente.

Esta medida concentraría los procesos en un grupo muy reducido de autoridades judiciales. Además, advierten que algunos de esos magistrados han sido cuestionados por presuntos vínculos con redes de corrupción, como el caso conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”.

La preocupación radica en que la investigación de delitos cometidos por altas autoridades quedaría en manos de menos operadores de justicia, lo que podría generar cuellos de botella en los procesos o, en el peor de los casos, facilitar interferencias políticas.

Eliminación de equipos especiales de fiscales para casos complejos

Otro de los proyectos que genera mayor controversia es el PL 13424/2025-CR, que plantea derogar los artículos 80-A y 80-B de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Estas disposiciones permiten la creación de equipos especiales de fiscales dedicados a investigar casos de alta complejidad.

Los equipos especializados han sido clave en investigaciones de gran impacto en el país. Un ejemplo es el Equipo Especial Lava Jato, que durante varios años estuvo a cargo de indagar una de las mayores tramas de corrupción en América Latina.

La propuesta legislativa busca eliminar la posibilidad de crear estos grupos especializados y dejar las investigaciones en manos de fiscalías ordinarias. Esto podría afectar seriamente la lucha contra el crimen organizado, ya que este tipo de delitos suele requerir investigaciones complejas, trabajo coordinado y especialización técnica.

Sin equipos especializados, advierten, las investigaciones podrían volverse más lentas y vulnerables a maniobras legales destinadas a retrasar los procesos.

Cambios procesales que podrían favorecer la impunidad

Las reformas también plantean modificaciones en el Código Procesal Penal que podrían complicar las investigaciones de delitos graves. Entre los cambios se encuentra la eliminación de la posibilidad de asignar casos a equipos fiscales especiales o a órganos con competencia ad hoc, incluso si estos tienen experiencia en delitos complejos.

Además, se plantea que, si surge un conflicto sobre qué fiscal o juez debe investigar un caso, el proceso se suspenda automáticamente hasta que se resuelva la disputa. Especialistas advierten que esta medida podría ser utilizada por las defensas para dilatar los procesos judiciales.

Otro punto crítico es que, si posteriormente se determina que un fiscal o juez no tenía competencia para ver un caso, todos los actos procesales realizados podrían ser declarados nulos. Esto implicaría que meses o incluso años de investigación se pierdan y deban iniciarse nuevamente.

Finalmente, el proyecto también limita la posibilidad de modificar la calificación del delito durante el juicio, incluso si aparecen nuevas pruebas. Para los expertos, esta restricción resulta especialmente problemática en casos de crimen organizado, donde la verdadera dimensión de las redes criminales suele revelarse conforme avanza el proceso judicial.

Si bien en la sesión del miércoles, solo se revisó el proyecto PL 13424/2025-CR, las otras iniciativas aún están pendientes de dictamen y, de ser favorables, pasarían a debate en el Pleno