Nilver Huarac recibe 9 años de prisión efectiva y exfuncionarios del GORE Callao 6 años por colusión en festival Chimpún Callao

El Poder Judicial dictó condenas de prisión efectiva contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y el productor musical Nilver Huarac, tras hallarlos responsables de participar en un esquema irregular relacionado con la organización del festival Chimpún Callao en los años 2017 y 2018.

La decisión judicial fue confirmada por el Ministerio Público, que detalló que los implicados concertaron acciones para defraudar al Estado mediante un mecanismo que permitió que el empresario musical obtuviera ganancias provenientes de la venta de entradas de un evento financiado con recursos públicos.

La sentencia establece que los exfuncionarios María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís recibieron seis años de prisión efectiva por su participación en el delito de colusión agravada, mientras que el productor musical Nilver Huarac fue condenado a nueve años de prisión efectiva en calidad de cómplice primario dentro de la misma trama de corrupción.

Fue en juicio oral

El caso fue impulsado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, instancia que desarrolló la investigación y presentó la acusación durante el juicio oral.

La sustentación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González, quien expuso ante el tribunal los elementos que, según el Ministerio Público, evidenciaron la existencia de una concertación entre funcionarios públicos y el empresario musical para beneficiarse económicamente del evento.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, los sentenciados concertaron para defraudar al Estado mediante un esquema que permitió que el famoso productor musical se beneficiara con más de 440 mil soles, dinero generado a partir de la venta de entradas del festival Chimpún Callao, un evento cultural financiado completamente con recursos del Gobierno Regional.

La investigación determinó que el mecanismo irregular se sustentó en la omisión deliberada de controles en los contratos de organización del evento. Según el Ministerio Público, los funcionarios responsables omitieron incluir disposiciones claras que regularan el cobro de entradas al público asistente, pese a que el evento se organizaba con financiamiento estatal.

Esta falta de regulación contractual permitió que el proveedor encargado del espectáculo, en este caso el productor musical Nilver Huarac, realizara el cobro masivo de boletos sin que los recursos recaudados ingresaran a las cuentas oficiales del Gobierno Regional del Callao.

La situación resultó particularmente irregular porque, según la investigación fiscal, la propia entidad pública difundía a través de su publicidad oficial los costos de ingreso al evento, lo que generaba la expectativa de que los fondos obtenidos formaran parte de los recursos institucionales.

Sin embargo, el dinero recaudado por concepto de entradas nunca fue registrado como ingreso público, lo que constituyó el núcleo del perjuicio económico investigado por las autoridades.

Para la Fiscalía, este esquema evidenció una concertación entre funcionarios y proveedor que permitió priorizar intereses particulares sobre la obligación de proteger los recursos públicos. Como resultado de ese proceso irregular, el Estado sufrió un perjuicio económico que motivó la intervención del sistema de justicia.

En la resolución judicial también se estableció una reparación civil que deberá ser pagada de manera solidaria por los condenados. El monto fijado asciende a 568 708 soles, suma destinada a resarcir el daño económico ocasionado al Estado como consecuencia de las irregularidades detectadas en la organización del festival.

Además de la pena privativa de libertad y la reparación civil, el tribunal dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra los exfuncionarios sentenciados. Las restricciones establecidas contemplan periodos que van entre seis y diez años, lo que les impedirá desempeñar funciones dentro de la administración pública durante ese tiempo.