El Gobierno publicó el Decreto Supremo Nº 002-2026-EM, el cual modifica el mecanismo de racionamiento del gas natural en el país, con el fin de precisar cómo se distribuirá este recurso en situaciones de emergencia. La norma establece un orden de prioridad para el abastecimiento del mercado interno cuando se produzcan interrupciones en la producción o el transporte del combustible.
La medida se da en el contexto de la emergencia declarada por el Ministerio de Energía y Minas tras la reducción del suministro provocada por un incidente en el sistema de transporte de gas. Con esta modificación, el Ejecutivo busca asegurar que el recurso disponible se destine primero a los sectores considerados esenciales, mientras se normaliza el flujo del energético.
Orden de prioridad para el suministro de gas
El Decreto Supremo modifica el mecanismo de racionamiento que se activa cuando el país enfrenta una emergencia en el abastecimiento de gas natural. En ese escenario, los productores y concesionarios de transporte y distribución deben optimizar la producción, el suministro y el traslado del recurso durante el periodo de restricción.
La norma fija un orden de prioridad para la asignación del gas disponible. En primer lugar se ubican los consumidores residenciales y los comercios regulados. Luego se prioriza a los establecimientos que venden gas natural vehicular (GNV), incluidos los que abastecen a sistemas integrados de transporte y a vehículos destinados al transporte público.
En tercer lugar se encuentran los generadores eléctricos, seguidos por los consumidores industriales regulados con consumos menores a 20 mil m³ por día. Después se ubican los industriales regulados con consumos superiores a ese nivel y, finalmente, los consumidores independientes que cuentan con contratos de suministro y transporte en firme o interrumpible.
El decreto precisa que el orden de prioridad se aplica directamente a los dos primeros grupos. En cambio, para los sectores comprendidos entre el tercer y el sexto nivel, la distribución del gas se realizará mediante un sistema de prorrateo, que tomará como referencia los consumos registrados durante los siete días calendario previos al inicio de la emergencia.
Prioridad excepcional para sectores críticos
La norma también señala que, de acuerdo con la disponibilidad del recurso, la Dirección General de Hidrocarburos podrá disponer que se priorice el suministro a determinados sectores estratégicos. Entre ellos se encuentran las industrias vinculadas a la producción de combustibles, generadoras eléctricas que operan fuera del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), así como empresas que abastecen a hospitales o centros de salud y que no cuentan con combustibles alternativos.
Además, se contempla la posibilidad de priorizar a otros agentes que prestan servicios esenciales relacionados con la seguridad, la salud pública o actividades consideradas de interés nacional.
El decreto también establece que los concesionarios de transporte y distribución deberán reportar diariamente al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) las cantidades de gas asignadas para atender la demanda del mercado interno durante la emergencia.
La emergencia energética en el Perú
La medida se adopta luego de que el 1 de marzo se registrara una fuga acompañada de una deflagración en un tramo del ducto operado por Transportadora de Gas del Perú, a la altura del distrito de Megantoni. Como parte de las acciones de seguridad, se cerraron válvulas y se redujo de forma considerable el flujo de gas hacia la costa.
Debido a esta situación, el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural a través de los sistemas de producción, transporte por ductos y distribución por red durante un periodo de hasta 14 días, comprendido entre el 1 y el 14 de marzo de 2026.
La interrupción del transporte generó efectos inmediatos en varias actividades. En Lima y otras ciudades se registraron largas filas en estaciones que venden GNV debido a la escasez temporal del combustible para taxis y vehículos particulares. Asimismo, diversas industrias tuvieron que recurrir a energéticos alternativos como diésel o GLP para mantener sus operaciones.
El episodio también volvió a poner en debate la dependencia del sistema energético peruano del gas de Camisea, ya que una parte importante de la generación eléctrica del país utiliza este recurso y muchas centrales se concentran en la zona de Lima y Callao. Ante ello, especialistas han advertido sobre la necesidad de fortalecer la seguridad energética mediante nuevas infraestructuras o la diversificación de fuentes de energía.
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