El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) tras la deflagración de gas natural ocurrida en el distrito de Megantoni, Cusco, que provocó la declaratoria de emergencia energética a nivel nacional. La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental, busca esclarecer las causas del incidente y determinar posibles responsabilidades por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El evento, registrado la mañana del 1 de marzo en una estación de válvulas del gasoducto de Camisea, generó una inmediata reacción institucional. La fiscalía, liderada por el fiscal provincial ÓscarSantiago Benavides Luna, se desplazó de madrugada hasta la zona afectada para constatar in situ las circunstancias del hecho, verificar la rotura del ducto y evaluar los posibles impactos en el ecosistema local, incluyendo la calidad del aire, flora, fauna y suelo. La intervención cuenta con el respaldo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), lo que asegura una actuación técnica y objetiva.
En paralelo, el Gobierno peruano declaró la emergencia del suministro de gas natural a nivel nacional, priorizando el abastecimiento interno y restringiendo la venta para vehículos particulares en Lima. La medida, vigente desde el 1 hasta el 14 de marzo, afecta a diversas empresas del sector energético y a organismos reguladores, mientras se implementan mecanismos de racionamiento y supervisión estricta para garantizar la seguridad del sistema.
Pobladores de la selva de Cusco registraron el momento exacto de una masiva fuga de gas que provocó una enorme llamarada en el cielo. El incidente, ocurrido en una tubería del gasoducto, generó gran preocupación en la zona. Video: La Última
Investigación del Ministerio Público contra TGP por deflagración de gas en Cusco
La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia ambiental, formalizó la investigación preliminar a TGP por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. La pesquisa se centra en la fuga de gas natural con deflagración ocurrida en el asentamiento rural de Saringabeni, en el distrito de Megantoni.
De acuerdo con el Ministerio Público, el despacho fiscal realizó la constatación en el lugar de los hechos y dispuso diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni. Estas acciones buscan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales frente al incidente, que ha puesto en alerta al sector energético y a las comunidades cercanas.
Esta es la segunda investigación que la fiscalía abre respecto a la deflagración, tras haber anunciado en la víspera diligencias en materia ambiental. El objetivo es definir con precisión las causas técnicas del incidente y establecer si existieron negligencias en los protocolos de seguridad y operación del gasoducto operado por TGP.
Fiscalía desplegó primeras diligencias en Saringabeni
Las diligencias fiscales incluyeron la presencia del fiscal provincial ÓscarSantiago Benavides Luna en la zona del incidente para una constatación directa de los daños y la evaluación del entorno ambiental. Se verificaron las condiciones de la rotura del ducto y se inició la medición de la calidad del aire, así como el monitoreo de flora y fauna en los alrededores de Saringabeni.
La actuación de la fiscalía se desarrolla de manera coordinada con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), con el objetivo de garantizar un análisis técnico, objetivo y oportuno ante cualquier posible afectación ambiental derivada del suceso. Las diligencias también buscan identificar a los responsables y disponer las medidas correctivas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y el medio ambiente.
El despliegue de la fiscalía se suma a la intervención de autoridades locales y personal de salud pública, quienes atendieron a los residentes que reportaron síntomas físicos y olores intensos tras la deflagración. Se mantiene la vigilancia epidemiológica para descartar afectaciones graves a la salud de la población.
Deflagración en Camisea originó crisis en el suministro de gas natural
La deflagración, ocurrida el 1 de marzo en el kilómetro 43 del gasoducto de Camisea operado por TGP, activó los protocolos de emergencia en el distrito de Megantoni. Según información oficial, la empresa desplegó equipos especializados para controlar el evento y contener la fuga, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el grupo local de Defensa Civil.
El incidente obligó a paralizar temporalmente las principales centrales termoeléctricas de Lima, como Fenix Power, Kallpa Generación, Termochilca y Enel Generación, todas dependientes del suministro continuo de gas natural procedente de Camisea. Como consecuencia, el precio de la energía en el mercado mayorista se disparó de USD 30-40 a más de USD 200 por megavatio hora (MWh) en cuestión de horas, lo que forzó el uso de centrales a diésel y reservas frías como Mollendo e Ilo.
El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional, priorizando el abastecimiento interno y restringiendo la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) para vehículos particulares en Lima, medida que afecta principalmente a taxistas y conductores de vehículos menores excluidos de la lista prioritaria. La Dirección General de Hidrocarburos implementó el mecanismo de racionamiento, mientras que Osinergmin quedó facultado para supervisar todas las operaciones energéticas durante el periodo de emergencia, cuya vigencia se extiende hasta el 14 de marzo.
Durante las primeras horas tras el incidente, el Ejército peruano acordonó preventivamente la zona afectada, mientras los equipos técnicos evaluaban la integridad del gasoducto y la existencia de posibles puntos de riesgo. TGP reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y garantizar la ejecución de medidas de seguridad, limpieza y remediación ambiental en la zona afectada.
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