El Poder Judicial emitió un pronunciamiento público luego de la difusión del reportaje de Cuarto Poder que reveló que cerca de 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis permanecen sin sentencia en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El informe periodístico volvió a poner en evidencia las graves brechas de acceso a la justicia que enfrentan las comunidades indígenas en zonas de frontera.
A través de un comunicado institucional, el Poder Judicial reafirmó su compromiso de sancionar con todo el rigor de la ley los delitos de violencia sexual contra menores de edad y rechazó un presunto desinterés del Estado en estos casos. Según señaló, la institución viene adoptando medidas para garantizar la atención judicial especializada en la zona.
Instalación de juzgados especializados en violencia
El Poder Judicial informó que el pasado 14 de enero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se trasladó a Condorcanqui e inauguró diez órganos jurisdiccionales del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
Entre estos órganos se encuentran tres juzgados de familia subespecializados en violencia contra las mujeres y el grupo familiar, ubicados en distritos como Santa María de Nieva y Huampami. Estas instancias tienen la función de dictar medidas de protección y cautelares a favor de las víctimas, así como de tramitar procesos vinculados a violencia sexual y familiar.
La institución sostuvo que la implementación de estos juzgados busca reforzar la respuesta judicial frente a una problemática estructural que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes indígenas.
Logística para el traslado de víctimas desde comunidades alejadas
Como parte de las medidas adoptadas, el Poder Judicial señaló que se dispuso el uso de tres deslizadores grandes cerrados, con capacidad para once o más tripulantes, además de seis embarcaciones abiertas tipo chalupa. Estas unidades permitirían el traslado de víctimas desde comunidades nativas hasta las sedes judiciales correspondientes.
Según el comunicado, esta logística responde a las condiciones geográficas de Condorcanqui, donde muchas comunidades solo son accesibles por vía fluvial y el desplazamiento hacia la capital provincial puede tomar varios días.
Un sistema de justicia fragmentado
El pronunciamiento del Poder Judicial se produce en un contexto marcado por la reciente desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en la provincia, medida oficializada el 6 de febrero de 2026 por el Ministerio Público, bajo la gestión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. Según documentos recogidos por Infobae, la decisión se sustentó en la falta de presupuesto para el año en curso.
Esta desactivación incluyó la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Río Santiago-Yutupis y de Huampami-Cenepa, así como las Unidades Médico Legales de Nieva, Yutupis y Huampami, responsables de la recolección de pruebas forenses en casos de violación sexual.
Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que esta medida deja sin protección efectiva a cientos de víctimas. Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, declaró a La República que el despido de al menos 26 trabajadores CAS especializados en violencia sexual “desmantela un sistema que recién empezaba a funcionar” y profundiza la impunidad.
Barreras persistentes para las víctimas
En localidades remotas como Tayunza, las familias deben recorrer trayectos que incluyen vuelos, viajes terrestres y largos desplazamientos fluviales para denunciar los abusos o acceder a atención médica y psicológica. En enero, de 71 citas programadas en la única cámara Gesell de la zona, solo se lograron concretar ocho.
A ello se suma la escasez de personal especializado, las barreras lingüísticas y culturales, y la cercanía entre víctimas y agresores, que en muchos casos forman parte del entorno familiar o comunitario. Líderes indígenas han alertado que estas condiciones perpetúan el silencio y la revictimización.
Compromisos y cuestionamientos
Si bien el Poder Judicial asegura que los jueces penales del módulo de sanción y el personal asignado continúan brindando justicia —con 33 audiencias programadas para el presente mes, según informaron autoridades judiciales en Amazonas—, congresistas y organizaciones sociales han expresado dudas sobre la capacidad real del sistema para responder a la magnitud del problema.
La congresista Flor Pablo, por su parte, señaló que existe una contradicción entre los comunicados oficiales y las decisiones administrativas que debilitan el sistema de protección. En la misma línea, Ruth Luque advirtió que centralizar los casos en una sola sede obliga a las familias a “viajar días por río para buscar justicia”.
Mientras tanto, las cifras sanitarias agravan el panorama. Según la Red Integral de Salud de Condorcanqui, en 2025 se reportaron 253 nuevos casos de VIH en la provincia, muchos de ellos vinculados a menores víctimas de abuso sexual, el 95 % pertenecientes a los pueblos awajún y wampis.
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