Las recientes declaraciones de Milagros Jáuregui de Aguayo, actual congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, sobre el funcionamiento de su centro de acogida la han llevado a ser denunciada penalmente. Tras afirmar con orgullo que en su refugio ‘La Casa del Padre’, niñas víctimas de violación son inducidas a gestar y ser madres, la activista Gahela Cari Contreras interpuso un recurso que busca establecer la responsabilidad legal de la legisladora en la vulneración de los derechos fundamentales de estas menores que tendrían entre 10 y 13 años.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público imputa a la congresista la presunta comisión del delito de lesiones graves por afectación psicológica, bajo la modalidad de comisión por omisión. El argumento central sostiene que Jáuregui tenía bajo su cuidado a menores de edad víctimas de violación que habrían sido derivadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esa condición, tenía el deber legal de garantizarles acceso a la salud. Sin embargo, habría bloqueado sistemáticamente el acceso al aborto terapéutico, un derecho legal en el Perú cuando la salud de la gestante corre peligro.
La omisión del aborto terapéutico y la revictimización
De acuerdo con los fundamentos de la denuncia a la que accedió Infobae, Jáuregui habría asumido un rol activo y sostenido en la recepción y acompañamiento de estas menores, lo que técnicamente la coloca en una posición de garante respecto a su integridad física y mental. El documento subraya que las víctimas se encontraban en una situación de dependencia agravada por su edad y su condición de víctimas de violencia sexual, lo que obligaba a la denunciada a salvaguardar sus derechos y salud por encima de cualquier convicción personal.
La denuncia enfatiza que la parlamentaria omitió garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, pese a que las menores enfrentaban gestaciones producto de violencia sexual. Según el documento, no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica institucional sostenida dentro del refugio.
“Las niñas habrían sido inducidas o forzadas de facto a continuar con el embarazo. No se activaron evaluaciones médicas y psicológicas independientes que permitieran determinar la afectación a su salud mental, ni se les ofreció una posibilidad real y efectiva de acceder a la interrupción legal”, señala el texto de la denuncia.
Para la parte denunciante, este escenario configura una revictimización institucional. El daño psicológico derivado de la imposición de una maternidad no deseada se suma al trauma inicial de la violación. La denuncia sostiene que se les negó la autonomía sobre sus cuerpos en un entorno que reforzaba la maternidad forzada como única alternativa.
Piden abrir investigación
Ante la gravedad de los hechos, la denuncia solicita al Ministerio Público la apertura de una investigación preliminar y la actuación urgente de medidas para “evitar la pérdida de medios probatorios”. Justamente, se ha reportado el cierre de la página de Facebook del centro de acogida, donde se exponían a las niñas en presentaciones públicas en redes sociales. Asimismo, se ha solicitado la identificación de las posibles víctimas con estricta reserva de identidad y la adopción inmediata de medidas de protección a su favor.
La solicitud incluye una inspección técnica a las instalaciones de La Casa del Padre con el fin de revisar sus protocolos internos, además de evaluaciones periciales psicológicas a las niñas que aún permanecen en el refugio. La denuncia también busca extender la responsabilidad a todo el personal directivo y profesional que hubiera participado en la presunta omisión de auxilio médico, invocando estándares internacionales como los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la afectación especial que supone el embarazo en la niñez.
MIMP y Renovación Popular reaccionan ante declaraciones
La controversia surge a raíz de una entrevista en la que Jáuregui presumió tener a niñas “felices” pese a haber sido abusadas. La legisladora lanzó polémicas frases sobre el manejo de las víctimas en su albergue: “El MIMP y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente (...) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”, expresó.
Estas declaraciones generaron una respuesta del MIMP, entidad que se desmarcó de la congresista e intervino el centro para evaluar la situación de las menores ante las críticas sobre los protocolos de cuidado de niñas en situación de vulnerabilidad. Incluso, Renovación Popular ha tomado distancia de las afirmaciones de su compañera militante.
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