¿Por qué siguen impunes los abusos a niñas awajún? Exministra apunta a la Fiscalía

La desactivación de fiscalías especializadas en violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, ha vuelto a alarmar sobre la impunidad en los casos de abuso contra niñas awajún. La exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, cuestionó públicamente el rol del fiscal de la Nación y advirtió que cerca de 800 denuncias continúan sin ser investigadas ni judicializadas, dejando a las víctimas en una situación de total desamparo.

Durante una entrevista en Canal N, Miloslavich señaló que la Fiscalía de la Nación desactivó fiscalías especializadas en violencia sexual y unidades médico-legales que operaban en zonas alejadas de Nieva, en Condorcanqui. Estas instancias cumplían un rol clave en la atención de denuncias por violación sexual, principalmente contra niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis.

Según explicó, la medida provocó que numerosos casos no avancen en el sistema de justicia, pese a tratarse de delitos graves cometidos contra menores de edad.

Responsabilidad del Ministerio Público

Miloslavich recordó que estas fiscalías formaban parte del Sistema Nacional de Justicia para la prevención y sanción de la violencia, integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ese marco, cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado oportunamente los recursos necesarios para garantizar su continuidad.

Indicó que, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos sí fueron transferidos, pero su asignación y ejecución dependía de cada entidad. Por ello, atribuyó la responsabilidad directa al titular del Ministerio Público. “Hay un mal manejo de la Fiscalía, de los recursos que ha recibido para que atiendan la parte que les corresponde como Ministerio Público. Creo que es el desinterés y que el fiscal de la Nación no le está poniendo la atención debida al caso de la población awajún y población wampis”, expresó.

Abandono institucional

El contexto de estas declaraciones se da tras la oficialización, el 6 de febrero, de la desactivación de fiscalías y unidades médico-legales estratégicas en Condorcanqui, bajo la gestión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. La medida dejó sin efecto la prórroga de las fiscalías especializadas de Río Santiago-Yutupis y Huampami-Cenepa, así como de las Unidades Médico-Legales de Nieva, Yutupis y Huampami.

El Ministerio Público argumentó que el presupuesto para estas dependencias venció el 31 de diciembre de 2025 y que no se habilitaron recursos para su continuidad. Sin embargo, líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos han calificado esta decisión como un abandono que favorece la impunidad.

Impacto directo en niñas y adolescentes awajún y wampis

Miloslavich alertó que la falta de personal especializado afecta gravemente la atención integral de las víctimas. Según información recogida en la zona, trabajadores bajo contrato CAS fueron cesados y en determinados turnos ya no se cuenta con psicólogos para atender a niñas y adolescentes.

La exministra advirtió que entre los casos denunciados hay menores que resultaron embarazadas producto de violaciones sexuales y otras que presentan diagnóstico de VIH. Esta situación, añadió, ha sido puesta en conocimiento de instancias internacionales por representantes de las comunidades afectadas.

Indignación y cuestionamientos

Desde las organizaciones indígenas, las reacciones no se hicieron esperar. Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció que la decisión implica el despido de 26 trabajadores enfocados en atender casos de violencia sexual. En declaraciones a La República, sostuvo que resulta incomprensible desarticular un sistema ya implementado bajo el argumento de falta de presupuesto.

En el Congreso, la legisladora Flor Pablo cuestionó la contradicción del Ministerio Público, que aseguró públicamente la continuidad del servicio mientras se publicaba la resolución que eliminaba las plazas. Por su parte, la congresista Ruth Luque exigió conocer los criterios técnicos de la desactivación y advirtió que centralizar los casos en una sola sede obliga a las familias a viajar durante días por río para acceder a la justicia.

Ante este escenario, Diana Miloslavich pidió convocar de manera urgente al consejo multisectorial del sistema de justicia, con la participación del fiscal de la Nación y otras autoridades, para restituir la atención fiscal en la zona. Planteó además la posibilidad de gestionar un crédito suplementario que evite la paralización de las fiscalías especializadas.

Finalmente, reiteró que la violencia sexual contra niñas awajún y wampis debe ser una prioridad del Estado. Mientras no se restablezcan los servicios de justicia en el territorio, advirtió, las víctimas seguirán sin acceso a verdad, reparación y justicia.