Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

El presidente José Jerí probablemente esté en su momento más crítico en lo que va de su corto gobierno. A los encuentros clandestinos con empresarios chinos se sumó la revelación de que varias jóvenes obtuvieron contratos estatales días después de reunirse con él. Estos hechos motivaron que el ministro de Justicia, Walter Martínez, y el de Salud, Luis Quiroz, salieran a defenderlo públicamente; mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría General avanzan en investigaciones para determinar si existieron irregularidades.

En diálogo con Canal N, el titular de Salud insistió que las contrataciones cuestionadas cumplieron con los requisitos y procedimientos establecidos. “Se han seguido todos los procedimientos”, afirmó e hizo un llamado a tratar el tema con respeto, especialmente cuando se cuestiona la idoneidad de mujeres jóvenes.

“Debemos referirnos a todas las personas con bastante respeto. Más si son unas mujeres, todos tenemos una mujer en nuestra vida… yo creo que hay que tener mucho respeto y evitar reacciones negativas”, enfatizó.

Explicó que la modalidad de contratación utilizada, conocida como locación de servicios, no exige concurso público: “Es de evaluación directa y procede la contratación si cumplen el perfil adecuado para el puesto”. Asimismo, recalcó que acudir al Palacio de Gobierno o a ministerios para evaluaciones profesionales es usual y que el proceso se centra en las competencias, no en la relación personal con funcionarios.

Respecto a la breve inclusión en un comunicado oficial de la posibilidad de acciones legales contra periodistas, el titular de Salud señaló que la decisión de retirar esa mención respondió al interés de evitar interpretaciones erróneas y dejar claro que las eventuales reacciones judiciales serían individuales y no institucionales.

“Se pueden hacer reflexiones frente a comunicados y mejorarlos en el sentido de que puede haber situaciones individuales que ameriten acciones, pero no sería el Estado el que corresponde”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, mencionó en El Comercio que son un “Gobierno absolutamente respetuoso de la libertad de expresión” y descartó que se evalúe adoptar medidas legales, pese al pronunciamiento inicial.

Insistió que la segunda publicación —en la que se omite toda referencia a acciones legales— es la única que representa la posición gubernamental. “El comunicado válido es el último comunicado”, enfatizó sin mencionar los motivos detrás de la rectificación.

Ante los cuestionamientos por la coincidencia entre visitas a Palacio y posteriores contrataciones, sostuvo que “la discusión debe centrarse en las competencias y la idoneidad de las personas contratadas”. Al igual que el ministro de Salud, refirió que existen modalidades de contratación, como las locaciones de servicio, que no requieren concursos públicos formales y que el proceso implica la revisión de diversos currículos antes de decidir. “Todos tienen derecho a trabajar si cumplen con los requisitos”, agregó.

Asimismo, rechazó que la selección de personal responda al amiguismo y recalcó que “no podemos rebajar la discusión a insinuaciones malsanas”. En relación a la presidencia interina de Shadia Valdés en el INPE, Martínez resaltó su experiencia en el sector público y aclaró que el proceso de designación se ajustó a la normativa vigente.

Visitas, contratos y dudas sobre el Fondo de Apoyo Gerencial

La controversia surgió a raíz de reportajes periodísticos que revelaron reuniones nocturnas entre jóvenes profesionales y el jefe de Estado, seguidas de contrataciones estatales bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Este mecanismo permite la incorporación directa de personal, con remuneraciones entre S/ 6.000 y S/ 11.000, sin la obligación de realizar concursos públicos.

Según investigaciones de Cuarto Poder, La Pista Clave y otros medios, entre octubre y diciembre de 2025 el Despacho Presidencial realizó 29 nuevas contrataciones, de las cuales al menos 10 fueron bajo la modalidad FAG. Especialistas alertaron que este régimen debe reservarse para profesionales altamente calificados, mientras que en varios casos se cuestiona la falta de experiencia pública o la cercanía personal con el presidente.

La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Despacho Presidencial los expedientes de órdenes de servicio, contratos, comprobantes de pago y cualquier documentación relacionada con las personas involucradas, como Cristina Beraún, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva. El requerimiento debe ser atendido en un plazo de tres días hábiles.

Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar para determinar si existieron delitos contra la administración pública en la contratación de jóvenes funcionarias en diversas entidades estatales. La pesquisa, a cargo del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

Aunque el caso no involucra directamente al presidente José Jerí, ya que la Constitución reserva esa competencia a la Fiscalía de la Nación, si durante la investigación surgieran elementos que vinculen al mandatario, la carpeta sería remitida para su evaluación y eventual formalización.