Reconocimiento histórico en Piura: Catacaos ingresa a la Base de Datos de Pueblos Indígenas

Después de años de trámites, cuestionamientos y una disputa judicial por casi 10 mil hectáreas, la comunidad San Juan Bautista de Catacaos logró un reconocimiento largamente esperado. Según confirmó el área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, el Ministerio de Cultura la identificó oficialmente como pueblo indígena u originario, un hecho que no solo reafirma su identidad histórica, sino que fortalece su defensa territorial frente al Estado y a empresas privadas en la costa norte del país.

De acuerdo con un informe emitido en enero de 2026 por la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, San Juan Bautista de Catacaos forma parte de un pueblo indígena, al igual que otras ocho comunidades ubicadas en la región Piura. Como resultado, Catacaos será incorporada a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), herramienta clave para el reconocimiento y la protección de estos pueblos por parte del Estado.

Este reconocimiento se da en un contexto de disputa territorial y judicial. En febrero de 2025, la comunidad acudió al Poder Judicial para denunciar que el Estado incumplió su obligación de titular sus tierras y permitió que empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana despojaran a la comunidad de aproximadamente 10 mil hectáreas. En ese proceso, dichas empresas cuestionaron el origen indígena de Catacaos para evitar el reconocimiento de sus derechos.

Identidad indígena y herencia tallán

Desde la comunidad, el reconocimiento ha sido asumido como una reivindicación histórica. “Somos herederos de la cultura Tallán y esperamos que ahora la justicia respete nuestros derechos como pueblo indígena de la costa”, señaló Johanna Melchor, presidenta de la Central de Rondas Campesinas de Catacaos (Central de Rondas CAU).

En la misma línea, Javier Girón, representante de la comunidad, afirmó que este paso fortalece la lucha de otras poblaciones costeras. “Catacaos es ejemplo para las comunidades campesinas de la costa que se encuentran luchando por sus territorios. Seguiremos con nuestra lucha”, sostuvo.

Un precedente para la política indígena en la costa norte

Para el abogado Pável Labán Martínez, del Instituto de Defensa Legal (IDL), el reconocimiento de Catacaos marca un antes y un después en la forma en que el Estado aborda la política indígena en la costa. “Este reconocimiento obliga al Estado a replantear su política indígena en la costa norte, porque Catacaos ya no es una excepción, es un precedente histórico”, afirmó.

Labán remarcó que la comunidad cumple con criterios históricos, culturales y jurídicos para ser considerada pueblo indígena, tanto desde el derecho nacional como internacional. En declaraciones a Ideeleradio, explicó que este reconocimiento permitirá al Estado encaminar políticas públicas con enfoque intercultural, especialmente en ámbitos como la gestión del agua, las prácticas productivas y la protección del territorio en un contexto de cambio climático y escasez hídrica.

Protección territorial y reparación histórica

El abogado del IDL subrayó que la denominación de pueblo indígena fortalecerá la protección legal de las tierras comunales frente a amenazas como el despojo territorial, el tráfico de tierras o el ingreso de invasores. Además, resaltó el valor simbólico y reparador del reconocimiento. “También implicaría reafirmar su identidad histórica y contrarrestar estos siglos de invisibilización”, precisó.

Desde una mirada histórica, Labán recordó que los comuneros de Catacaos descienden de las etnias tallán, que habitaron amplias extensiones del norte del país, desde el sur de Guayaquil hasta el norte de Chiclayo, y desarrollaron prácticas de agricultura, pesca, alfarería y organización comunitaria propias.

Asimismo, destacó que existen títulos históricos que respaldan la posesión comunal de las tierras. Durante el Virreinato, el sacerdote Juan de Mori compró tierras a la Corona en favor de estas poblaciones para evitar abusos, y en 1941 la comunidad fue reconocida formalmente como comunidad indígena. Posteriormente, durante la reforma agraria, la denominación fue modificada a comunidad campesina.

Acompañamiento legal frente al despojo

En este contexto, el Instituto de Defensa Legal (IDL) asumió en febrero de 2025 la defensa de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos frente al despojo de tierras. Los abogados Pável Labán e Isaac Peña informaron a los comuneros sobre la estrategia legal, que incluye la presentación de una demanda de amparo en defensa del territorio.

Durante las actividades de socialización, los comuneros expresaron su preocupación por el prolongado despojo. “Es un paso muy grande que hemos dado como comuneros”, declaró Hipólito Yovera, presidente de la Central de Rondas de la comunidad. Por su parte, María Culupú Inga, del Comité de Defensa de la Comunidad, destacó la unidad comunal como eje de la resistencia: “Siempre al final del túnel hay una luz, y esa luz de esperanza es nuestra decisión de defender nuestras tierras”.

Finalmente, Luis Inga, presidente del Comité de Defensa y dirigente de Cruz Blanca, denunció los abusos y el tráfico de tierras en la zona, señalando que se vulneraron derechos que el Estado debió proteger.