La Contraloría General de la República inició acciones de control sobre las contrataciones realizadas en el Despacho Presidencial de José Jerí, luego de que se revelara que varias personas que visitaron Palacio de Gobierno terminaron siendo incorporadas a entidades del Estado. El requerimiento se da en medio de investigaciones fiscales y cuestionamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en estos procesos.
Mediante el Oficio N.° 000019-2026-CG/OC0276, con fecha 3 de febrero de 2026, la Contraloría General de la República solicitó formalmente información al Despacho Presidencial sobre las contrataciones realizadas entre octubre de 2025 y la fecha. El documento fue dirigido al subsecretario general de la Presidencia de la República, Luis Álvaro Solórzano Yabar.
El requerimiento incluye la copia de los expedientes de órdenes de servicio y/o contratos, bajo cualquier modalidad —incluido el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG)—, suscritos a nombre de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.
Asimismo, solicitó los comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los desembolsos realizados. La documentación debe ser remitida en un plazo de tres días hábiles a través de la mesa de partes virtual de la Contraloría.
Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades
La intervención de la Contraloría se produce pocos días después de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro iniciara una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por la contratación de jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado.
Según se informó, la pesquisa se concentra en contrataciones efectuadas entre octubre y diciembre de 2025, varias de ellas bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Las diligencias están a cargo del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.
La investigación busca determinar si existieron delitos contra la administración pública, a partir de reuniones previas y vínculos registrados antes de las incorporaciones laborales.
Visitas nocturnas y contrataciones bajo la lupa
Reportajes de Cuarto Poder, La Pista Clave y Beto a Saber revelaron que varias personas que luego fueron contratadas acudieron a Palacio de Gobierno y permanecieron en el despacho presidencial hasta altas horas de la noche.
De acuerdo con estos informes, jóvenes como Guadalupe Vela y Cristina Beraún estuvieron en Palacio el 1 de noviembre, desde las 18:48 hasta las 23:56 horas. Un patrón similar se observó con Violeta Veas, quien se retiró a las 23:59, y Alicia Camargo, cuya reunión culminó a las 22:55.
Las investigaciones periodísticas también señalaron que, entre octubre y diciembre de 2025, el Despacho Presidencial realizó 29 nuevas contrataciones, de las cuales al menos 10 se efectuaron bajo la modalidad FAG, un mecanismo que permite contrataciones directas con remuneraciones que oscilan entre S/ 6.000 y S/ 11.000, sin concursos públicos.
El uso del Fondo de Apoyo Gerencial en cuestión
Según La Pista Clave, este mecanismo habría sido utilizado para incorporar a personas del entorno cercano del presidente José Jerí, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento del perfil técnico exigido por el FAG.
Un reportaje de Beto a Saber, emitido por Willax Televisión, dio cuenta de al menos 14 contrataciones realizadas bajo esta modalidad entre octubre de 2025 y enero de 2026. En varios casos, se cuestiona la falta de experiencia previa en el sector público o la idoneidad para cargos de alta especialización.
Especialistas citados por el programa advirtieron que el uso del FAG debería estar reservado para profesionales con alta calificación y trayectoria comprobada, conforme al espíritu del mecanismo.
Respuesta de Palacio
Frente a las denuncias, el Despacho Presidencial sostuvo que todas las contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos legales y cumpliendo los requisitos establecidos. En un primer comunicado, el Ejecutivo advirtió que evaluaba acciones legales contra los medios que difundieron las investigaciones; sin embargo, este mensaje fue posteriormente modificado y se eliminó la referencia a posibles represalias judiciales.
En el pronunciamiento final, Palacio aseguró respetar la libertad de expresión, aunque calificó de “malintencionada” la cobertura periodística y defendió la legalidad de las contrataciones.
Respecto a las visitas nocturnas, el Ejecutivo argumentó que los horarios se deben a la sobrecarga de actividades en Palacio de Gobierno, lo que generaría largos tiempos de espera para ser atendidos, descartando cualquier irregularidad.
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