Tarifas municipales: La reforma impostergable que el próximo gobierno no puede seguir evitando

Cada proceso electoral renueva promesas sobre seguridad, empleo y crecimiento económico. Sin embargo, hay un problema cotidiano que rara vez entra al debate político, pese a afectar directamente la salud pública y la calidad de vida urbana: el colapso silencioso del financiamiento de los servicios municipales, en particular de la limpieza pública. Este no es un problema técnico aislado ni una falla de gestión menor. Es el resultado de un marco normativo incompleto, contradictorio y políticamente cómodo, que el próximo gobierno y el nuevo Congreso están obligados a revisar.

El punto de partida es claro. La limpieza pública es una función esencial del Estado a nivel local. Así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), que asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de prestar y financiar este servicio mediante el cobro de arbitrios. No obstante, la misma ley guarda silencio sobre cómo deben calcularse esas tarifas. No establece criterios técnicos mínimos, no exige que se basen en costos reales ni obliga a mecanismos de actualización periódica. Esta omisión ha permitido que las tarifas se definan más por cálculo político que por sostenibilidad financiera.

En la práctica, cada municipalidad fija sus arbitrios como puede o como le conviene: algunas usan datos desactualizados, otras replican tarifas históricas y muchas evitan ajustes por temor al rechazo vecinal. El resultado es un sistema fragmentado, sin reglas homogéneas, donde la mayoría de municipios cobra montos que no cubren ni siquiera los costos básicos del servicio. La ley permite esta discrecionalidad, pero no ofrece herramientas para corregirla. Esa es la primera gran deficiencia normativa.

A esta fragilidad se suma la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. Nº 1278). Aunque establece principios importantes como la sostenibilidad y la valorización de residuos, no articula de manera efectiva el sistema de gestión de residuos con el financiamiento municipal. Se exige a los municipios cumplir metas ambientales cada vez más complejas, pero sin asegurar que cuenten con un esquema tarifario que permita financiarlas. El problema se agrava cuando se analiza el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si bien el MEF ha emitido lineamientos orientadores para el cálculo de costos de los servicios municipales, estos no son vinculantes. No existe una metodología nacional obligatoria para calcular tarifas de limpieza pública. En consecuencia, no hay forma de evaluar si una tarifa es adecuada, insuficiente o excesiva. La ausencia de una regla técnica común convierte a las tarifas en decisiones políticas, expuestas a ciclos electorales y presiones coyunturales.

En este contexto normativo débil, la morosidad no es una sorpresa. Cuando los vecinos perciben que el servicio es deficiente y que la tarifa no guarda relación con mejoras visibles, la disposición a pagar se erosiona. Frente a ello, muchas municipalidades optan por amnistías tributarias recurrentes, otra práctica permitida pero no regulada con criterios claros. Estas amnistías, lejos de resolver el problema, debilitan la cultura de pago y refuerzan la idea de que el incumplimiento no tiene consecuencias reales.

El Congreso también ha contribuido a agravar la situación. La Ley Nº 31254, que prohíbe la tercerización e intermediación laboral en los servicios de limpieza pública, tuvo como objetivo proteger derechos laborales. Sin embargo, la norma no evaluó adecuadamente sus impactos operativos y financieros. Al impedir esquemas integrales de contratación sin ofrecer alternativas viables, empujó a muchos municipios a modelos fragmentados y menos eficientes, incrementando costos y reduciendo la calidad del servicio.

Estas deficiencias normativas configuran un problema mayor: los municipios concentran simultáneamente los roles de operadores, reguladores y fiscalizadores del servicio. No existe una entidad técnica independiente que revise costos, valide tarifas o supervise su coherencia. La ley no lo exige. Así, la autonomía municipal se ejerce sin contrapesos técnicos, lo que abre la puerta a decisiones cortoplacistas.

Aquí aparece la responsabilidad del próximo Ejecutivo. El gobierno que asuma funciones tras las elecciones no puede limitarse a administrar este marco normativo defectuoso. Debe impulsar una reforma legal que establezca criterios técnicos mínimos y obligatorios para el cálculo de tarifas municipales. Esto no implica recentralizar competencias, sino ordenar el sistema. La Ley Orgánica de Municipalidades debe incorporar principios básicos: tarifas basadas en costos reales, mecanismos de actualización periódica y transparencia. Asimismo, es necesario articular de manera coherente la Ley de Residuos Sólidos con el sistema tarifario. No es razonable exigir valorización, cierre de botaderos y estándares ambientales más altos sin asegurar que los municipios cuenten con ingresos suficientes para cumplirlos. La sostenibilidad ambiental empieza por la sostenibilidad financiera.

Un enfoque pedagógico obliga a decirlo con claridad: los servicios públicos cuestan. Negarlo no los hace gratuitos; solo traslada el costo al deterioro urbano, a la salud pública y al presupuesto municipal. Hoy, el sistema de tarifas funciona como un subsidio implícito y regresivo: todos pagan poco y todos reciben un servicio deficiente. La ley permite este esquema, pero no lo corrige. La alternativa normativa existe y consiste en establecer tarifas basadas en costos reales, acompañadas de subsidios explícitos y focalizados para los hogares vulnerables. Esto requiere modificar el marco legal para exigir transparencia, contabilidad de costos y diferenciación según capacidad de pago.

El proceso electoral ofrece una oportunidad para poner este tema sobre la mesa. Prometer ciudades limpias sin revisar el marco legal que las financia es una forma de irresponsabilidad política. Las elecciones pasarán. Las leyes quedarán. Y si no se corrigen ahora, el costo de seguir ignorándolas será cada vez más alto para todos.