La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios obtuvo una sentencia condenatoria contra Luis Hidalgo, exgobernador regional de Madre de Dios en el periodo 2019-2023, por el delito de cohecho activo genérico. El fallo judicial establece que la exautoridad regional incurrió en actos de corrupción al entregar dinero a un consejero regional con el objetivo de asegurar la aprobación de un viaje oficial al extranjero.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el exgobernador fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión efectiva tras comprobarse que realizó el pago de un soborno ascendente a S/ 20 mil. Este monto fue entregado para influir en la votación del entonces consejero regional Dany Celi, quien debía pronunciarse sobre la solicitud de viaje de Hidalgo a la República Popular China.
Soborno y responsabilidad penal
La investigación fiscal determinó que el pago ilícito tuvo como finalidad asegurar un voto favorable dentro del Consejo Regional, órgano encargado de autorizar los desplazamientos oficiales al exterior del gobernador regional. Según lo acreditado durante el proceso judicial, la entrega del dinero constituyó un acto directo de corrupción destinado a beneficiar de manera personal al entonces titular del gobierno regional.
El caso estuvo a cargo del fiscal provincial Dionisio Quicaño Quispe, quien logró sustentar que el pago de S/ 20.000 no fue un hecho aislado ni accidental, sino una acción deliberada para alterar una decisión administrativa mediante un beneficio económico indebido. Este elemento fue clave para que el Poder Judicial imponga una pena efectiva contra el exgobernador, descartando cualquier posibilidad de sanción suspendida.
Condenas a los otros implicados
Las investigaciones también permitieron establecer que el soborno no fue entregado de manera directa. El dinero fue canalizado a través de las funcionarias Viviana Mariño e Ita Mejía, quienes actuaron como intermediarias en la operación ilícita. Ambas exfuncionarias fueron halladas responsables en calidad de cómplices primarias del delito de cohecho activo genérico.
Como resultado, Viviana Mariño e Ita Mejía fueron condenadas a cinco años de prisión efectiva cada una. En tanto, el consejero regional Dany Celi recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva al ser considerado autor del delito de cohecho pasivo propio, al haber aceptado el dinero a cambio de su voto favorable. De esta manera, el Poder Judicial sancionó penalmente a todos los involucrados en la cadena del acto corrupto.
Reparación civil y proceso de extradición
Además de las penas privativas de la libertad, la sentencia establece que los cuatro exfuncionarios condenados deberán pagar una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado peruano. Este monto deberá ser asumido de manera solidaria, como parte de la responsabilidad civil derivada del delito cometido en perjuicio de la administración pública.
El Ministerio Público informó, asimismo, que durante el desarrollo del proceso judicial Luis Hidalgo tenía vigente un impedimento de salida del país. No obstante, el exgobernador desobedeció dicha orden judicial y abandonó el territorio nacional, lo que motivó que se inicien los trámites correspondientes para solicitar su extradición. Este procedimiento busca garantizar que el sentenciado cumpla la pena impuesta por el Poder Judicial peruano, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.
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