La detención de Vilma Zeña Santamaría el pasado 20 de enero marca un giro en el caso Nicolini, uno de los episodios más impactantes relacionados con explotación laboral y esclavitud en el Perú.
Tras más de ocho años en condición de prófuga, la mujer fue capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble de San Martín de Porres, luego de un operativo de inteligencia apoyado por información de un informante.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que, tras su captura, Zeña permanece en la carceleta del penal Ancón II, a la espera de ser clasificada en el establecimiento donde cumplirá la condena de 32 años de prisión.
“El INPE informa que Vilma Zeña Santamaría, condenada por explotación laboral y esclavitud, se encuentra en las instalaciones de la carceleta del INPE en el E.P. Ancón II, en espera de ser clasificada a un establecimiento penitenciario donde cumplirá la sentencia de 32 años”, comunicó la institución.
A siete años de la tragedia
La persecución de Vilma Zeña Santamaría comenzó cuando el Poder Judicial la sentenció junto a Jonny Coico Sirlopú a 32 y 35 años de prisión, respectivamente.
Ambos fueron hallados responsables de mantener a jóvenes trabajadores bajo encierro y sometimiento en la galería Nicolini.
Las condiciones precarias en que laboraban, y el encierro que impidió el escape de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos durante el incendio del 22 de junio de 2017, evidenciaron el drama de la esclavitud moderna en medio de la ciudad.
Tras la sentencia, Zeña apeló el fallo y desapareció, lo que llevó a las autoridades a incluirla en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), con una oferta de S/ 50 mil por información sobre su paradero.
El seguimiento a través de fuentes humanas resultó clave para su arresto. El jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la PNP, coronel Eduardo Cruz, detalló que la ubicación de Zeña fue posible gracias a la colaboración de un informante, y que la capturada no opuso resistencia al momento de la intervención.
La condena contra Vilma Zeña Santamaría y su pareja no solo contempla la privación de la libertad. Ambos fueron inhabilitados para contratar con el Estado durante el periodo de sus sentencias y se les impuso el pago de S/ 20 000 a favor de los sobrevivientes, como parte de la reparación civil.
Además, la justicia dispuso que los herederos legales de las dos víctimas reciban S/ 479 000 y S/ 459 000 de manera respectiva. Estos montos, según recogió El Comercio, siguen pendientes de cumplimiento.
Durante su captura, Zeña negó responsabilidad en los hechos y afirmó. “Fue algo fortuito, nosotros somos inocentes”, haciendo referencia a su ausencia del local el día del incendio por motivos de salud, según su versión.
Pese a estas afirmaciones, la sentencia fue ratificada en diciembre de 2025 y la captura de Zeña cierra una de las etapas más extensas de evasión de la justicia en casos de trata de personas en Perú.
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