Interno procesado por robo agravado es hallado muerto en una celda del penal de Trujillo, informó el INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó el hallazgo sin vida de Walter Fernando Loyola Vásquez, de 43 años, quien se encontraba procesado por robo agravado en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo, región La Libertad. El interno fue encontrado en estado inconsciente dentro de su celda la mañana del martes, 21 de enero, durante un control de rutina realizado por el personal de seguridad penitenciaria. El caso ha motivado la activación de protocolos y el inicio de una investigación a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Fuentes penitenciarias detallaron que Loyola Vásquez fue hallado poco antes de las 6:45 a. m. en el pabellón 3 del penal. Tras ser atendido por el equipo de salud, se confirmó la ausencia de signos vitales. La noticia generó alerta entre los internos y el personal del establecimiento, dada la gravedad y las posibles implicancias del suceso. El hecho ha puesto nuevamente en debate las condiciones de seguridad y atención dentro de los penales del país, así como la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El INPE aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la escena y permitir que las autoridades realicen las diligencias correspondientes. “El INPE brindará todas las facilidades y colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, se indicó en el comunicado. La institución también reiteró su compromiso con el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad y el respeto al marco legal vigente.

Un interno es hallado muerto en el penal de Trujillo

Walter Loyola Vásquez fue encontrado en su celda durante la primera ronda de control de la jornada. El personal penitenciario, al advertir que el interno no respondía a los llamados, procedió a ingresar y solicitó la presencia inmediata del equipo de salud. Los especialistas de turno constataron que Loyola Vásquez ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró oficialmente su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con el protocolo institucional, la zona fue aislada de inmediato, con el objetivo de preservar la integridad de la escena para las investigaciones. Además, se comunicó la situación a la Tercera Fiscalía Corporativa de Trujillo y a la Comisaría PNP El Milagro, encargadas de las diligencias preliminares para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades penitenciarias aseguraron que todos los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente y se mantiene una colaboración permanente con los órganos de justicia.

Interno hallado muerto estaba a la espera de sentencia

Loyola Vásquez había ingresado al penal de Trujillo en calidad de procesado por el delito de robo agravado. Según el reporte oficial, se encontraba a la espera de una sentencia definitiva dentro del régimen ordinario del establecimiento.

La investigación sobre su fallecimiento quedó en manos de la Tercera Fiscalía Corporativa de Trujillo y la Comisaría PNP El Milagro, entidades que ya iniciaron la recopilación de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad.

El INPE subrayó que mantendrá abiertas todas las vías de información y cooperación con los investigadores. “El INPE reitera su compromiso con la atención oportuna de situaciones de emergencia y el respeto al marco legal vigente”, señaló la entidad. Por el momento, no se han adelantado hipótesis sobre las causas de la muerte, y las autoridades han solicitado prudencia hasta que se cuente con los resultados oficiales de la necropsia y demás exámenes periciales.

Hace menos de un mes, otro interno murió en un penal del INPE

El caso de Trujillo se produce menos de un mes después del fallecimiento de Gean Carlo Noriega Asalde en el penal de Challapalca, Tacna, uno de los establecimientos de máxima seguridad del país. El 25 de diciembre de 2025, Noriega Asalde fue hallado sin vida en su celda durante un control rutinario. El interno cumplía una condena de nueve años por robo agravado y había sido trasladado a Challapalca en 2022, tras un intento de fuga en Cajamarca.

Al igual que en el caso de Loyola Vásquez, el INPE activó los protocolos de seguridad y notificó de inmediato a la Fiscalía Provincial de Turno y a la Policía Nacional para el desarrollo de las investigaciones. La institución indicó que se brindaron todas las facilidades para esclarecer los hechos y evitar cualquier alteración de la escena. Hasta el momento, se desconoce si la muerte de Noriega Asalde se debió a causas naturales, autolesión u otros factores, pues la investigación permanece abierta.

Estos fallecimientos han generado preocupación sobre la salud y seguridad de la población penitenciaria, así como sobre la capacidad del sistema para prevenir situaciones similares. La recurrencia de casos en intervalos breves ha puesto en tela de juicio la eficacia de los controles internos y la atención médica en los penales.

Renuncia del jefe del INPE agrava la crisis carcelaria

La muerte de internos en penales peruanos ocurre en un contexto de crisis institucional, marcado por la reciente renuncia de Iván Paredes a la jefatura del INPE. El exfuncionario dejó el cargo tras denunciar la existencia de un sistema “profundamente corrupto”, heredado de gestiones anteriores. Paredes describió la situación del organismo como “calamitosa”, señalando que la corrupción no solo involucraba a internos, sino también a funcionarios de larga data.

Durante su gestión, Paredes impulsó la remoción de personal y denunció irregularidades como la permanencia de objetos prohibidos y lujos indebidos en los penales. “Había funcionarios que estuvieron diez o quince años ahí, era su chacra. Nosotros lo que hicimos fue sacarlos y cambiarlos”, afirmó Iván Paredes. El exjefe del INPE también cuestionó públicamente a sus antecesores y pidió investigaciones sobre posibles delitos financieros.

A los señalamientos de corrupción se sumaron denuncias periodísticas y procesos en curso por supuestas contrataciones irregulares y tráfico de influencias, así como una sanción administrativa previa vinculada a su ejercicio profesional. Paredes rechazó las acusaciones y defendió la contratación de jóvenes profesionales en cargos administrativos. Además, negó cualquier acto ilícito relacionado con audios difundidos en los que presuntamente solicitaba dinero para gestionar excarcelaciones.