En el debate sobre el futuro de Machu Picchu, el transporte hacia la ciudadela inca vuelve a ocupar un lugar central. Las discusiones no solo giran en torno al flujo turístico o la experiencia del visitante, sino también sobre la gestión pública, los intereses económicos y la capacidad del Estado para imponer reglas claras en uno de los destinos más visitados del país. En ese escenario, resurgen propuestas que apuntan a un cambio estructural del modelo actual.
La saturación de la ruta, las disputas entre empresas y las denuncias de irregularidades plantean un problema que trasciende lo operativo. Para distintos actores del sector turismo, el acceso a Machu Picchu se convirtió en un espacio donde confluyen intereses privados, vacíos de autoridad y decisiones postergadas. El resultado es un sistema frágil que expone tanto a visitantes como a la propia imagen del destino.
Desde esa mirada crítica, José Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, expuso una propuesta que busca reordenar la gestión del principal atractivo turístico del país. Sus declaraciones, ofrecidas durante una entrevista en Canal N, ponen el foco en la necesidad de una autoridad fuerte y en alternativas de transporte que modifiquen el esquema vigente.
Propuesta de autoridad autónoma para Machu Picchu

Silva Martinot planteó declarar a Machu Picchu como un activo crítico nacional y crear una autoridad autónoma que concentre su administración. Según explicó, esta entidad permitiría enfrentar los conflictos actuales vinculados al acceso turístico y a la operación diaria del destino. En sus palabras, la gestión dispersa genera enfrentamientos y falta de control.
El exministro indicó que dicha autoridad debería encontrarse bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con participación del Ministerio de Cultura y otros sectores del Ejecutivo. La intención, señaló, consiste en ordenar decisiones que hoy dependen de varias instancias sin una coordinación efectiva.
Además, afirmó que la iniciativa recibe respaldo de gremios turísticos interesados en garantizar seguridad y sostenibilidad. Para estos actores, un modelo centralizado permitiría reglas claras y previsibles para operadores y visitantes, sin interferencias de intereses locales.
Uno de los principales focos de crítica se centra en el transporte por carretera entre Aguas Calientes y Machu Picchu. Silva Martinot sostuvo que existe un conflicto abierto entre las empresas ConceTour y San Antonio de Torontoy, ambas sin autorización válida para operar en la ruta. La situación, dijo, genera un clima de tensión permanente.
El exministro denunció actos de sabotaje en una vía de un solo carril y alto riesgo. Entre los hechos mencionados figura la colocación de objetos en el camino con el objetivo de dañar buses. “Esa ruta se convierte en un espacio de enfrentamientos”, expresó durante la entrevista.
En ese contexto, responsabilizó a autoridades locales y regionales, como el alcalde de Machu Picchu, el alcalde provincial de Urubamba y el gobernador regional del Cusco. Según Silva Martinot, estas instancias no garantizan condiciones seguras para los turistas. Para resolver el problema, consideró indispensable una licitación transparente que permita incorporar a un operador con estándares de calidad.
Teleférico como alternativa estructural

Como solución de largo plazo, Silva Martinot retomó la idea de un teleférico hacia Machu Picchu. A su juicio, esta obra podría ejecutarse mediante concesión, sin gasto público, debido al alto flujo de visitantes. “Vamos a tener n postores para hacerlo sin costo para el Estado, porque es una concesión”, afirmó.
El exministro sostuvo que el sistema permitiría un control exacto del número de visitantes y una mejora sustancial en seguridad. También comparó los costos actuales del transporte terrestre con estándares internacionales. “Veintitantos, treinta y tantos dólares por nueve kilómetros de recorrido. Haz tú el cálculo”, señaló, al afirmar que el precio por kilómetro supera al de un pasaje aéreo en clase ejecutiva hacia Europa.
Sobre el impacto ambiental, aseguró que el proyecto no afectaría el paisaje ni generaría daños. “El teleférico no va a perjudicar en nada el paisaje”, dijo, al rechazar los argumentos utilizados en el pasado para frenar la iniciativa.
Silva Martinot atribuyó el rechazo al proyecto a grupos de interés locales. “No se hace por la oposición de la mafia cusqueña”, afirmó de forma directa. Consultado sobre su composición, respondió que se trata de “trescientas o cuatrocientas personas que se benefician” del modelo actual.
Ante la pregunta sobre el rol de las autoridades, precisó: “Está apoyada por algunas autoridades”. Para el exministro, el sistema de buses favorece a un grupo reducido y no responde a criterios de libre competencia ni transparencia. Según dijo, el desorden actual permite beneficios indebidos, incluso en el control de boletos y accesos.
Uso del presupuesto y responsabilidades

El debate también alcanzó el uso de recursos públicos en la región. Durante la entrevista se cuestionó que solo tres municipalidades del Cusco recibieran 33 mil millones de soles, sin mejoras visibles en servicios básicos como agua potable o electricidad.
Silva Martinot recordó que la responsabilidad de definir qué empresa opera el transporte recae en la Municipalidad Provincial de Urubamba. A su entender, el proceso debió contar con asesoría técnica especializada, como la de Proinversión, para evitar los problemas actuales.
El sobreprecio del transporte terrestre, reiteró, refuerza la necesidad de revisar el modelo vigente. En sus declaraciones, el exministro insistió en que el debate sobre Machu Picchu no solo trata de turismo, sino de gestión pública, transparencia y decisiones que impactan en la imagen del país.
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