El presidente interino José Jerí afirmó este miércoles que sus encuentros no oficiales con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang en su chifa no tienen relación con la reorganización de Petroperú, una de las mayores empresas estatales del país, actualmente afectada por pérdidas millonarias.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, y en respuesta a una consulta de la legisladora Ruth Luque, Jerí subrayó la independencia entre ambos temas.
“Nada que ver. Son cosas distintas. Hay hipótesis que pretenden mezclar cosas distintas, acciones de gobierno que tienen que ver con la reorganización de Petroperú, que no son las mismas que motivaron mi reunión con el señor Johnny en un espacio o en otro espacio y que tampoco fueron materia de conversación en las mismas actividades o reuniones o la cena, como se quiera denominar”, expresó.
El mandatario añadió que siempre ha actuado “sabiendo diferenciar las cosas” y volvió a rechazar que su encuentro extraoficial haya abordado la reorganización del patrimonio de la petrolera estatal, proceso ordenado por su gestión para reducir la plantilla y transferir algunos activos a gestión privada o ponerlos a la venta.
Aunque el Ejecutivo sostiene que no privatizará la empresa y que el Estado conservará su propiedad, la administración transitoria de Jerí, cuyo mandato concluye en julio, encomendó esta tarea a la oficina estatal responsable de promover la inversión extranjera.
La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la intención de emplear fideicomisos para que los activos estratégicos de Petroperú reciban capital privado sin que dejen de pertenecer al Estado.
Sobre este punto, la titular del MEF, Denisse Miralles, insistió en que el proceso no supone la privatización de la empresa y señaló que uno de los primeros pasos será la identificación e incorporación de “activos estratégicos” en fideicomisos para garantizar su protección legal.
Miralles reiteró que “Petroperú no se privatiza, no se vende” y que el objetivo del Gobierno es afrontar una situación insostenible y tomar medidas inmediatas para organizar una empresa de propiedad estatal, asegurando el control sobre sus activos.
La principal meta de estas acciones, indicó, consiste en lograr hacia junio próximo la firma de los primeros contratos con capital privado, a través de esquemas en los que los inversionistas aportarán financiamiento y compartirán riesgos con el Estado, sin adquirir la propiedad de los activos estratégicos.
El 1 de enero, el Gobierno de transición encargó a Proinversión, la agencia estatal dedicada a captar inversión privada, la reestructuración de los activos de Petroperú, incluida su refinería valorada en 6.000 millones de dólares, con el fin de asegurar la sostenibilidad de la empresa y la continuidad en el suministro de combustibles.
La norma, vigente por un año, instruyó que Proinversión establezca el mecanismo aplicable mediante un plan de promoción que debe aprobarse en un plazo máximo de sesenta días.
Tras conocerse la medida, legisladores de izquierda afirmaron que representa una privatización encubierta y anunciaron la presentación de una moción para censurar a Miralles por su gestión.
Al cierre del tercer trimestre de 2025, Petroperú reportó una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares y pérdidas netas que suman 2.224 millones de dólares. Los ingresos de la compañía, que emplea a más de 2.600 personas, disminuyeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones en 2023 y 3.527 millones en 2024. Para 2025, la proyección es alcanzar 3.846 millones de dólares.
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