En las zonas fronterizas del altiplano, el movimiento de camiones comienza antes del amanecer. Bajo carpas sujetas con sogas, las carrocerías transportan cilindros metálicos que no figuran en registros oficiales. El trayecto se repite semana tras semana, con mayor intensidad en días de feria, mientras la vigilancia estatal permanece ausente en tramos clave de la ruta.
La escena contrasta con la realidad en varias ciudades bolivianas, donde familias recorren barrios enteros con una garrafa vacía en busca de gas. Las filas se extienden y la espera se vuelve parte de la rutina diaria.
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El atractivo resulta evidente. La diferencia de valores entre Bolivia y Perú convierte al gas licuado de petróleo en una mercancía codiciada. El negocio se consolida al amparo de caminos secundarios, peajes comunales y oficinas públicas cerradas durante la madrugada. El flujo no se detiene y deja al descubierto una frontera porosa, sostenida por acuerdos informales y silencios compartidos.
Rutas sin control en la ribera del Titicaca
A orillas del lago Titicaca, en sectores cercanos a la frontera, el intercambio ocurre a plena vista. Camiones bolivianos ingresan con carga cubierta y otros, con placas peruanas, regresan tras completar la transacción. El mayor movimiento se registra los miércoles y sábados, cuando una feria convoca a vendedores y compradores de ambos lados.
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Una mujer peruana, consultada por el valor del producto, respondió sin dudar: “40 soles”. La cifra resume el atractivo del negocio. En Bolivia, la garrafa cuesta 22,50 bolivianos, mientras que en territorio peruano el precio se multiplica. La diferencia sostiene el tránsito constante de vehículos.
Según el canal Unitel Bolivia, en Puerto Acosta, existe una oficina de Aduana. Sin embargo, durante la madrugada, cuando el paso de camiones se intensifica, la puerta permanece cerrada. En ese lapso, el control queda en manos de comunarios que administran un peaje informal. Un poblador describió el mecanismo con franqueza: “Todo entra, aunque sea 10 veces puedes entrar o salir cargado o vacía. Nosotros no observamos, solo tiene que pagar 10 bolivianos”.
El gas como nuevo foco del contrabando
Durante años, el contrabando fronterizo incluyó alimentos y combustibles líquidos. Arroz, azúcar, huevos y aceite cruzaron sin mayores obstáculos. En las últimas semanas, el gas licuado pasó a ocupar el primer lugar en la lista de productos solicitados.
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El Gobierno reconoce el problema. El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, afirmó: “Esta es otra pelea que tenemos que resolver”. Según la autoridad, tras el retiro de la subvención a gasolina y diésel, los grupos dedicados a ese negocio ilegal dirigieron su atención al gas, que todavía mantiene un precio regulado.
Las rutas utilizadas evitan puestos formales de control. De acuerdo con relatos recogidos en la zona, el recorrido parte desde El Alto, pasa por Viacha y San Andrés de Machaca, y llega a Desaguadero sin ingresar por Huaqui, donde operan Aduana y el Comando Estratégico Operacional. En ese trayecto alterno, la vigilancia no aparece.
En Janko Janko, localidad fronteriza boliviana, el gas se ofrece hasta en 50 soles, cerca de 110 bolivianos. En el lado peruano de Desaguadero, el canje por una garrafa llena es entre 32 y 35 soles. Quien no cuenta con cilindro puede adquirir el conjunto por unos 150 soles, casi 450 bolivianos.
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Un comerciante resumió la ventaja frente al producto peruano: “Sigue siendo, porque el peruano está cuarenta y cinco, el más barato”. A ello se suma el peso del cilindro boliviano, que duplica al peruano, factor que incrementa el rendimiento para el comprador.
Mientras tanto, en barrios de El Alto y otras ciudades, la escasez se vuelve visible. Una madre relató su búsqueda diaria: “Ando buscando garrafa, todo este sector de Alto Lima y no puedo encontrar”. El Gobierno atribuye estas filas al contrabando y advierte sobre el impacto directo en el abastecimiento interno.
Respuestas oficiales y reclamos locales
Desde el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando del país vecino, la respuesta no apunta a una militarización total de la frontera. Un funcionario explicó que la solución requiere coordinación entre Estado, instituciones y población. “Estas cosas no pasan solamente por incrementar efectivos, sino por tener las condiciones necesarias. La mejor solución va a ser una solución integral, donde una mano lave la otra”, señaló.
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En la práctica, los pobladores describen una dinámica distinta. Algunos mencionan pagos a efectivos para facilitar el paso. “Los soldaditos te recibían cincuenta pesitos, treinta pesitos”, comentó un vecino de la zona fronteriza. El testimonio refleja una cadena que involucra a transportistas, compradores y autoridades locales.
El panorama se repite a lo largo de la línea limítrofe. Camiones, ferias y rutas secundarias sostienen un comercio que crece al ritmo de la diferencia de precios. En el centro de esta trama, el gas boliviano cruza la frontera cada semana, mientras en el mercado interno la espera continúa.
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