Dos años después del asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa y defensor de la Amazonía peruana, el Poder Judicial iniciará finalmente el juicio oral por uno de los crímenes más emblemáticos contra defensores del territorio. Del 20 al 22 de enero de 2026, cinco acusados enfrentarán el proceso por un asesinato que expuso la desprotección estructural que viven quienes defienden los bosques y las comunidades indígenas en el país.
Quinto Inuma fue un reconocido apu de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu. Su liderazgo estuvo marcado por la defensa del territorio ancestral frente a la tala ilegal, el narcotráfico, la invasión de tierras y otras economías criminales que avanzan sobre la Amazonía.
Había presentado al menos 25 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, estas no evitaron que fuera asesinado el 29 de noviembre de 2023, con cinco impactos de bala, cuando regresaba a su comunidad tras participar en el Encuentro Nacional de Defensores Ambientales en Pucallpa.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló en noviembre de 2024 que el móvil de su asesinato fue su férrea defensa del medio ambiente y su constante denuncia de la deforestación en su territorio comunal.
<b>El juicio que abre una posibilidad de justicia</b>
El juicio oral se realizará con la participación de 22 testigos y 13 peritos. Entre las pruebas figuran las denuncias que el propio Quinto Inuma presentó en vida.
Cabe señalar que es el primer caso en el Perú en el que todos los acusados por el asesinato de un defensor indígena han sido detenidos y el proceso ha logrado avanzar hasta la etapa de juzgamiento.
Actualmente, Limber Ríos Ruiz, Génix Saboya Saboya, Jerrly Saboya Saboya y Segundo Villalobos Guevara cumplen 18 meses de prisión preventiva. Belustiano Saboya Pisco permanece prófugo y el Ministerio Público ha solicitado que sea declarado reo ausente.
Un sexto imputado, Venustiano Saboya Pisco, falleció en julio de 2025 durante una intervención de la Policía Nacional del Perú en Orellana, Loreto, cuando intentaba evadir una orden de captura por homicidio calificado y sicariato.
“No han matado a un animal, han matado a un defensor”
A dos años del crimen, Kevin Inuma Mandruma, hijo mayor del apu, declaró a VIA Televisión que su familia sigue viviendo el impacto de la pérdida.
“El día sábado (29 de noviembre) fueron ya dos años de la muerte de mi papá. Nosotros como familia seguimos sintiendo su ausencia, su voz, su defensa del territorio y de la comunidad”, expresó.
El joven recordó que, pese a los intentos de organización comunal, la presencia del Estado sigue siendo mínima. “Nos dijeron que iban a entrar las entidades del Estado, pero nunca entraron. Así son las medidas de protección: se escriben en el papel, pero no hay hechos reales”, afirmó.
Kevin Inuma también remarcó que la familia exige justicia real. “No han matado a un animal, han matado a un ser vivo, a un defensor que tenía familia e hijos”, señaló.
Un crimen que pudo evitarse
En febrero de 2024, en declaraciones a Infobae Perú, el hijo mayor de Quinto Inuma sostuvo que el crimen pudo evitarse, pues su padre había presentado 25 denuncias y contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia.
Recordó además que Quinto Inuma enfrentaba amenazas constantes por su oposición a la invasión de tierras, el narcotráfico y la tala indiscriminada, una realidad que afecta a numerosos líderes indígenas en la Amazonía.
Un patrón de violencia estructural
Para el Instituto de Defensa Legal, la muerte de Quinto Inuma no es un hecho aislado. Desde 2013, más de 33 defensores indígenas han sido asesinados en la Amazonía peruana.
El IDL sostiene que estos crímenes responden a causas estructurales: un modelo extractivista agresivo, economías ilegales, empresarios que eliminan a quienes denuncian sus actividades y una profunda desprotección institucional hacia las comunidades amazónicas.
“La realidad nos dice que las medidas de protección del Estado no son eficientes”, advirtió la institución.
Vigilancia internacional y respuesta tardía del Estado
El caso es seguido por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia y a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu debido al alto riesgo por el avance de economías ilegales.
La Relatoría Especial de la ONU también solicitó información al Estado peruano sobre las acciones adoptadas tras el asesinato, pero la respuesta oficial se demoró varios meses, evidenciando la inacción estatal.
Un juicio que marca un precedente
El proceso judicial avanza en un contexto donde la mayoría de los asesinatos de defensores del territorio permanece impune y donde proteger la Amazonía sigue siendo más riesgoso que depredarla.
La familia de Quinto Inuma, Axeldina Barbarán —sobreviviente del ataque— y la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu exigen que este crimen no quede impune, que el proceso sea célere y que el Estado garantice una protección real.
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