La audiencia de prisión preventiva contra el prófugo exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, se desarrollaba con normalidad hasta que el juez a cargo del proceso hizo una grave denuncia. Al inicio de la sesión, el magistrado Edie Walther Solórzano Huaraz informó que fue amenazado vía llamada telefónica.
El juez explicó que la llamada fue realizada por un familiar de Jimmy Alexander Whu Cárdenas, uno de los investigados. Señaló que se trató de un contacto que no corresponde a las reglas del proceso judicial y que no fue solicitado por su despacho. Por esa razón, decidió dejar constancia del hecho durante la audiencia, como una forma de proteger la transparencia del proceso.
“El magistrado, el día de hoy, ha recibido una llamada de uno de los familiares de uno de los procesados, del señor Jimmy Alexander Cárdenas, una comunicación telefónica no solicitada, una comunicación absolutamente impropia por tratarse de un contacto extraprocesal ajeno a los canales legalmente previstos. Este juzgado rechaza cualquier forma de presión, insinuación o comunicación extraprocesal, las cuales se adoptan única y exclusivamente sobre la base de lo actuado en el proceso”, exclamó.
Presuntas presiones al magistrado por decisión judicial
El juez no dio detalles sobre el contenido exacto de la llamada ni sobre la identidad de la persona que se comunicó con él. Sin embargo, indicó que los hechos serían informados a las autoridades correspondientes para que se evalúe lo ocurrido.
De acuerdo con fuentes judiciales del diario La República, el magistrado estaría recibiendo llamadas con mensajes intimidantes, dirigidos a presionarlo para que no ordene prisión preventiva contra los investigados y disponga su libertad. Estas comunicaciones se habrían producido en el contexto de una audiencia clave, en la que se evalúa un pedido fiscal por 36 meses de prisión preventiva.
El pedido fiscal contra Ciro Castillo
La fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo y otras doce personas, entre exfuncionarios y proveedores del Gobierno Regional del Callao. Además de Castillo, están incluidos Jimmy Alexander Whu Cárdenas, Hiromi Zúñiga Jauregui, Wilmer Meza Natividad, Nancy Oriundo Quilca, Víctor Yancarlo Zambrano Portilla, Jaime Alonso Liza Ríos, Marco Antonio Rojas Gálvez, Roberto Adolfo Rosales Carazas, César Edilberto Arango Huaringa, Luis Antonio Blanco Cabrera, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Haydee Blanco Rivera.
Según la investigación fiscal, este grupo habría actuado de manera coordinada para favorecer a determinados proveedores en la contratación de bienes y servicios, evitando procesos regulares y beneficiando intereses particulares. Parte de los investigados se encuentran detenidos desde el 15 de diciembre, tras una orden de detención preliminar, y permanecen bajo custodia policial.
Asimismo, la investigación señala que Ciro Castillo, en su condición de gobernador regional, habría tenido un rol clave en la designación de asesores y en la estructura que permitió el direccionamiento de compras públicas. Parte de estas coordinaciones se habrían realizado para beneficiar a proveedores vinculados a personas de su entorno.
En el caso de Ciro Castillo Rojo, la fiscalía sostiene que se encuentra prófugo desde la ejecución de dicha medida. Desde la clandestinidad, el exgobernador ha negado los hechos y se ha declarado inocente. Días después de su fuga, una sala de apelaciones rechazó el pedido de su defensa para anular la orden de detención, ratificando la orden de captura en su contra.
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