El Poder Judicial declaró vencido el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el congresista y fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, en el proceso penal por presuntos delitos de lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado. La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Alcocer Acosta.
En su resolución, el magistrado determinó que el plazo máximo de la investigación preparatoria se encuentra vencido desde el 29 de julio de 2021, por lo que no resulta legalmente viable continuar con las diligencias fiscales bajo esa etapa procesal. El fallo responde a una solicitud de control de plazo presentada por las defensas técnicas de los investigados.
Control de plazo
El juez Alcocer declaró fundado el pedido de control de plazo, al considerar que la prolongación de la investigación vulnera el derecho fundamental de los investigados a ser procesados dentro de un plazo razonable. Si bien el juzgado reconoció que el caso presenta una complejidad objetiva y que existe una elevada carga procesal, precisó que dichos factores no pueden justificar una extensión indefinida del proceso penal.
En ese sentido, el magistrado sostuvo que permitir la continuidad de la investigación más allá del plazo legal implicaría desnaturalizar las garantías procesales reconocidas por el ordenamiento jurídico. Por ello, resolvió que corresponde poner fin a la etapa de investigación preparatoria conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
Orden judicial al Ministerio Público
Como parte de la decisión, el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público dar por concluida la investigación preparatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Esta disposición obliga a la Fiscalía a definir la situación jurídica de los investigados mediante un pronunciamiento conclusivo.
El juzgado enfatizó que, una vez vencido el plazo legal de investigación, la Fiscalía ya no puede mantener abiertas diligencias sin emitir una decisión formal. En consecuencia, debe optar por formular una acusación penal o solicitar el sobreseimiento del caso.
Plazo final para acusar o archivar
Para cumplir con esta obligación, el juez Alcocer concedió al Ministerio Público un plazo excepcional y perentorio de 30 días calendario, contados desde la notificación de la resolución. Durante este periodo, la Fiscalía deberá presentar la acusación correspondiente o, de considerarlo pertinente, pedir el archivo definitivo del proceso.
El magistrado fue enfático al precisar que este plazo es final e improrrogable, por lo que no se admitirán nuevas solicitudes de ampliación. Con esta decisión, el Poder Judicial busca garantizar el respeto a los plazos procesales y evitar dilaciones indebidas en un caso de alto perfil político y judicial.
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