Migrar y pasar hambre: 39% de hogares venezolanos vive inseguridad alimentaria en el Perú

El hambre y la discriminación avanzan juntas. En el Perú, casi cuatro de cada diez familias venezolanas no cuenta con alimentos suficientes y más de un tercio de sus jefes de hogar afirma haber sido discriminado desde su llegada al país. Así lo revela un estudio que expone cómo el rechazo social no solo vulnera la dignidad, sino también el derecho básico a una alimentación adecuada.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Científica del Sur y la Universidad San Ignacio de Loyola identificó una relación preocupante entre la discriminación y la inseguridad alimentaria en hogares venezolanos residentes en el Perú. Según los hallazgos, las familias cuyos jefes de hogar han sufrido discriminación tienen un 29% más de probabilidad de no contar con alimentos suficientes, en comparación con aquellas que no han vivido estas experiencias.

De acuerdo con Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria implica la falta de acceso a alimentos suficientes y nutritivos, lo que en la práctica se traduce en saltarse comidas o pasar un día entero sin comer por falta de recursos. Entre 2014 y 2021, esta problemática afectó al 30% de la población mundial, siendo América Latina y el Caribe la región con mayor prevalencia, con un 40,6%.

En el caso peruano, el estudio revela cifras alarmantes: el 39% de los hogares venezolanos presenta inseguridad alimentaria, mientras que el 35,6% de los jefes de hogar afirma haber sido discriminado desde su llegada al país.

Los hogares más vulnerables

La investigación muestra que la inseguridad alimentaria no afecta a todos por igual. Los hogares con mayor riesgo presentan características comunes: están encabezados por mujeres (46,7%), pertenecen al nivel socioeconómico más bajo (52,6%), cuentan con educación secundaria (43,9%) y registran una mayor proporción de estatus migratorio irregular (49,3%).

Además, estos hogares residen mayoritariamente fuera de Lima y Callao y presentan necesidades básicas insatisfechas en sus viviendas, lo que agrava su situación de precariedad.

Cuando la discriminación se traduce en menos comida

Los autores del estudio explican que la discriminación no solo genera daño emocional, sino que también impone barreras económicas concretas. El rechazo social limita el acceso a empleos formales, a salarios justos y a oportunidades educativas, reduciendo directamente el presupuesto familiar destinado a la alimentación.

“La discriminación actúa como un determinante social que agrava la inseguridad alimentaria en hogares migrantes, más allá de las condiciones económicas individuales”, señala Diego Azañedo, docente investigador de la Universidad Científica del Sur y uno de los autores del estudio. Añade que el acceso a una alimentación adecuada está mediado por procesos de exclusión social estructural.

En el Perú, el estudio también advierte el impacto del Decreto Legislativo N.° 689 y su reglamento, que limita la contratación de extranjeros al 20% del personal de una empresa y restringe sus sueldos al 30% de la planilla. Estas normas reducen las oportunidades de empleo formal y empujan a muchos migrantes hacia la informalidad, afectando directamente sus ingresos y su seguridad alimentaria.

Un círculo que también daña la salud mental

La discriminación tiene, además, efectos en la salud mental. El estrés psicosocial, la depresión y el aislamiento social afectan la capacidad de las personas para buscar trabajo y sostener el bienestar familiar. Este deterioro emocional termina reflejándose en un presupuesto cada vez más limitado, donde los alimentos básicos dejan de ser una prioridad posible.

El resultado es un círculo de exclusión que profundiza la pobreza y normaliza el hambre en miles de hogares migrantes.

¿Cómo se realizó el estudio?

La investigación analizó datos de la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País (ENPOVE) 2022, elaborada por el INEI. Se incluyeron 3.491 jefes de hogar venezolanos de ocho ciudades: Lima y Callao, Chimbote, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Ica y Piura, donde se concentra el 82,9% de los hogares venezolanos en el país.

Para medir la inseguridad alimentaria se utilizó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), validada internacionalmente. La discriminación fue evaluada mediante una pregunta directa sobre la percepción de trato discriminatorio desde la llegada al Perú.

El estudio es pionero en analizar esta asociación específica en la población venezolana en el país y ofrece evidencia clave para el diseño de políticas públicas.

Un llamado urgente a políticas de integración

Los investigadores concluyen que se requieren acciones urgentes con un enfoque multidisciplinario. Entre las recomendaciones destacan la revisión de las leyes laborales que limitan el acceso al empleo formal, el fortalecimiento del apoyo psicosocial para las familias migrantes y la implementación de campañas de educación en derechos y sensibilización comunitaria.

La integración, advierten, no es solo un asunto migratorio, sino un tema de salud pública, derechos humanos y cohesión social.

El estudio fue publicado en la revista Preventive Medicine Reports y elaborado por las médicas Darlene Rocha y Paola Velásquez, junto con los investigadores Diego Azañedo y Akram Hernández Vásquez. Sus conclusiones colocan sobre la mesa una realidad que exige respuestas: en el Perú, la discriminación también se mide en platos vacíos.