La anulación del contrato para el transporte de buses turísticos hacia Machu Picchu por parte de la Municipalidad Provincial de Urubamba abrió una disputa que va más allá de una simple decisión administrativa. El proceso, marcado por cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento, denuncias de irregularidades y tensos cruces entre las empresas involucradas, ha dejado en suspenso la operación en una de las rutas más emblemáticas del turismo nacional.
La medida municipal, sustentada en la existencia de documentos inexactos y presuntos vicios en el trámite de adjudicación, impactó no solo en el esquema de transporte vigente, sino también en la legitimidad de Consettur Machupicchu S.A.C., histórica operadora del servicio. Todo ocurre bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y diversas entidades del Estado, mientras el futuro de la ruta continúa en un escenario de incertidumbre.
En este contexto, la controversia escaló a finales de 2025, cuando la Municipalidad de Urubamba declaró la nulidad del contrato firmado con San Antonio de Torontoy S.A., a partir de una “evaluación técnica” que cuestionó la documentación presentada por la empresa adjudicataria.
Nulidad del contrato y observaciones técnicas
El alcalde Ronald Vera explicó, en declaraciones a Exitosa, que “la documentación ha sido denunciada por algunos coasociados de Consettur por información inexacta. A nosotros, como municipalidad, nos corresponde revisar la parte técnica. En esta selección, han presentado vehículos que no tienen contrato con los subarrendatarios”.
Según el burgomaestre, la Resolución Nº 218/2015 de la Gerencia Municipal, emitida el 30 de diciembre, concluyó que la nulidad era la medida correcta debido a las anomalías detectadas durante el proceso.
Uno de los aspectos más críticos gira en torno a los buses de San Antonio de Torontoy, que aún no iniciaron operaciones. “Ocho unidades de esta empresa aún no operan. Les han puesto obstáculos y barreras burocráticas de parte de PeruRail y Consettur”, afirmó Vera, señalando que los vehículos permanecen varados en la zona de Puente Ruinas. Tras una fiscalización en campo, la municipalidad advirtió que Consettur mantenía el control de la ruta pese a no contar con título habilitante, además de que “casi el 80 % de sus vehículos tiene el SOAT vencido”.
La respuesta de Consettur y el rol de la PCM
Consettur Machupicchu S.A.C. respondió mediante un comunicado público. La empresa recordó que, tras el fin de su concesión, la municipalidad implementó un proceso de selección no competitivo y otorgó la buena pro a San Antonio de Torontoy por cuatro meses. No obstante, indicó que “las falencias de la empresa adjudicada fueron advertidas de manera inmediata; sin embargo, la MPU suscribió el contrato el 18 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual dicha empresa debía iniciar operaciones”.
De acuerdo con Consettur, la intervención de la PCM fue necesaria al constatar la “inviabilidad del servicio contratado debido a la ausencia de infraestructura complementaria y a la inexistencia de un instrumento de gestión ambiental que garantizara el inicio de actividades”.
En ese marco, se suscribió un acta el 20 de septiembre que autorizó un plan de contingencia, permitiendo la operación simultánea de ambas empresas mientras avanzaba la licitación definitiva. Consettur sostuvo que retiró cuatro unidades para facilitar el ingreso de los buses de SAT, pero aseguró que estos “no cumplían con los estándares mínimos exigidos para el servicio, careciendo de equipos de radiocomunicación indispensables para la seguridad de los pasajeros”.
La empresa también señaló que SAT “no cumplió con acreditar el personal necesario para la operación de sus unidades, que debía incluir conductores, mecánicos y efectivos de seguridad, sumando un mínimo de cuarenta personas”. Pese a ello, SAT logró operar ocho buses que, según Consettur, “resultaron inapropiados para la adecuada prestación del servicio”.
Consettur reafirmó que la solución adoptada por la municipalidad “solo generó mayores problemas” y exigió que la próxima licitación sea “adecuada y, sobre todo, transparente”, reiterando su compromiso de continuar operando hasta que se defina el destino de la ruta.
La postura de San Antonio de Torontoy
Desde el lado opuesto, San Antonio de Torontoy S.A. cuestiona la validez y motivación de la nulidad del contrato. En su comunicado oficial denunció una campaña de desprestigio, señalando que “la supuesta nulidad del contrato tiene como sustento una denuncia presentada por intereses oscuros”. Añadió que existen “canales jurídicos correspondientes para ejercer el derecho a la defensa”, por lo que considera prematuro asumir la nulidad como definitiva.
La empresa acusa a Consettur de incumplir acuerdos adoptados ante la PCM y sostiene que “el incumplimiento reiterado de los acuerdos adoptados por las partes ha sido responsabilidad de Consettur, situación que se encuentra debidamente documentada”. Asimismo, afirma que la histórica operadora no contaba con contrato de concesión y que sus actividades se mantuvieron “gracias al título habilitante de San Antonio de Torontoy”.
Respecto a las presuntas falencias técnicas, SAT asegura que estas “constituyen un pretexto para encubrir su propio incumplimiento” y menciona denuncias mediáticas sobre revisiones técnicas de Consettur realizadas en Chanchamayo – Junín, que —según afirma— nunca fueron aclaradas. “San Antonio de Torontoy se mantiene firme y decidido en su propósito de operar en la ruta Hiram Bingham. Nuestro pueblo es la fuerza que nos sostiene”, concluye.
Próximas decisiones y escenario abierto
En medio del conflicto, el alcalde Ronald Vera indicó que la municipalidad ha remitido oficios al Ministerio Público y al Poder Judicial para evitar responsabilidades legales. “Hemos sido denunciados por omisión de funciones y por colusión agravada con esta misma empresa, San Antonio Torontoy”, señaló. También sostuvo que la empresa adjudicataria fue perjudicada por presuntos obstáculos a su ingreso a la operación.
Finalmente, adelantó que “la nueva empresa de buses para la ruta hacia Machu Picchu podría conocerse a fines de enero de este año”. Mientras tanto, el proceso de licitación continúa bajo el escrutinio de diversos organismos, en un escenario donde aún no existe un operador plenamente legitimado para una de las rutas más estratégicas del turismo peruano.
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