El Poder Judicial del Perú sentenció a 17 años de prisión a Frederic Dewald y Francis Toupin, ambos de nacionalidad canadiense, así como a Andrea Bajak, por integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. La condena responde a su intento de exportar 98,31 kilogramos de cocaína ocultos en distintos artículos a través del puerto del Callao.
La acusación, presentada por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao, detalló que los implicados coordinaban la compra y traslado de la droga desde almacenes en Villa El Salvador y Chorrillos. El cargamento, que tenía como destino el extranjero, fue acondicionado en cajas chinas, tubos de cortina, adornos de elefantes y un maletín, con el objetivo de evadir los controles de las autoridades.
La investigación estableció que la cocaína fue proveída por Jordi López, quien ya había recibido sentencia por este caso. El operativo permitió desarticular a una red internacional que utilizaba rutas sofisticadas y métodos de camuflaje para enviar sustancias ilícitas fuera del país.
17 años de cárcel para extranjeros por tráfico de cocaína
La condena de 17 años de prisión para Dewald, Toupin y Bajak incluye también la obligación de pagar una reparación civil al Estado peruano. Frederic Dewald deberá abonar S/ 700.000, mientras que Francis Toupin y Andrea Bajak tendrán que pagar S/ 350.000 cada uno.
Adicionalmente, otros miembros de la organización recibieron sentencias mediante el mecanismo de colaboración eficaz. En mayo de 2025, el Ministerio Público logró penas de 14 años y seis meses para Pedro Hoyos y Luis Chacín, así como para Jordi López y Lenin Trauco, quienes desempeñaban funciones logísticas y técnicas clave dentro de la red criminal.
Estos montos de reparación civil buscan resarcir al Estado por los daños ocasionados por las actividades ilícitas, marcando un precedente en la lucha contra el tráfico internacional de drogas a través de puertos peruanos.
Roles y nacionalidades de los sentenciados y su modus operandi
La organización criminal estaba compuesta por ciudadanos canadienses, peruanos y un venezolano, cada uno con funciones específicas en la estructura delictiva. Dewald y Toupin lideraban la operación desde la coordinación y logística internacional, encargándose de la compra y traslado de la cocaína.
Andrea Bajak participaba en la preparación y acondicionamiento de los envíos, utilizando métodos de ocultamiento sofisticados para camuflar la droga en objetos cotidianos. La red también incluía a Pedro Hoyos y Luis Chacín, responsables de la logística en Perú, y a Lenin Trauco, quien fabricaba y soldaba las estructuras metálicas utilizadas en el transporte de la droga.
El modus operandi consistía en camuflar la cocaína en artículos como cajas chinas, tubos de cortina y adornos, para luego enviarlos como encomiendas aéreas y marítimas. La coordinación transnacional y la constante innovación en el ocultamiento permitieron a la organización intentar múltiples envíos durante 2022 y 2023, utilizando rutas comerciales y contactos internacionales.
Así fue la caída de banda narco en el Callao
La desarticulación de la red criminal fue resultado de una investigación conjunta liderada por el Ministerio Público del Callao. El 1 de febrero de 2023, se realizó un operativo que permitió la detención de ocho integrantes de la organización, con excepción de Andrea Bajak, quien permanece en calidad de no habida. La Fiscalía logró sustentar la participación de cada implicado en al menos seis intentos de envío de drogas al extranjero.
En el primer evento detectado, se frustró el envío de 20,040 kilos de alcaloide de cocaína ocultos en cinco cajas chinas. Posteriormente, autoridades canadienses incautaron 31,280 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en soportes para cortinas. Otros intentos incluyeron cargamentos en una caja china, un adorno de elefantes y dos lotes adicionales de 11 y 31,700 kilos, que no lograron salir del Perú.
Las acciones de inteligencia permitieron identificar el patrón de camuflaje y la coordinación internacional de la red. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los implicados, periodo en el que la Fiscalía consolidó pruebas y avanzó en la investigación preparatoria, logrando finalmente la condena de los principales responsables.
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