Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

El Gobierno peruano busca concretar acuerdos con Venezuela para incrementar la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, y una de las alternativas que evalúa es trasladar a grupos numerosos por vía marítima, según anunció el ministro del Interior, César Astudillo, durante su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso.

El titular del Mininter sostuvo que hasta el momento 1.635 extranjeros han sido expulsados del país y aseguró que esa cifra podría aumentar considerablemente si prosperan las coordinaciones que el Ejecutivo mantiene con las autoridades venezolanas.

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó Astudillo durante su exposición.

El ministro no precisó cuándo comenzarían estos traslados marítimos, desde qué puerto se efectuarían, cuál sería su capacidad ni qué acuerdos específicos se encuentran actualmente en negociación con Caracas.

Ministro: “Estar en situación migratoria irregular no es delito”

Durante su intervención, Astudillo hizo una distinción entre permanecer en el Perú en condición migratoria irregular y retornar al país después de haber sido expulsado.

“Ser ilegal en el país no es delito”, señaló, utilizando ese término durante su exposición. Añadió que el escenario cambia cuando una persona sobre la que ya pesa una medida de expulsión vuelve a ingresar al territorio peruano.

Según explicó, las autoridades vienen incorporando información biométrica y otros datos de identificación de las personas expulsadas con el objetivo de detectar eventuales reingresos utilizando documentación distinta.

El anuncio se produce en momentos en que el Ejecutivo viene intensificando los operativos de fiscalización migratoria. Migraciones informó en julio que durante 2026 había realizado más de 2.500 operativos de verificación y control migratorio en coordinación con la Policía Nacional.

La cifra mencionada por Astudillo sobre la cantidad de venezolanos residentes en el Perú —cerca de dos millones, según manifestó ante la comisión— fue presentada por el ministro durante su exposición. Las estadísticas disponibles sobre población venezolana varían según la fuente, el periodo y si se contabiliza población residente, movimientos migratorios o personas con determinado estatus documental.

Perú ya realizó expulsiones de venezolanos hacia Caracas

La eventual utilización de barcos supondría ampliar una política de expulsiones que el Ejecutivo ya empezó a ejecutar mediante transporte aéreo.

El pasado 2 de agosto, el Gobierno trasladó desde el Callao hacia Caracas a tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes del Tren de Aragua que habían cumplido condena en Perú. Los tres fueron enviados en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea y viajaron bajo custodia policial para ser entregados a las autoridades venezolanas.

En agosto, Migraciones también informó sobre la expulsión de 42 extranjeros en situación irregular, como parte de operativos realizados junto con la División de Extranjería de la PNP.

La expulsión es una medida administrativa que debe aplicarse de manera individual conforme a las causales y procedimientos establecidos en la legislación migratoria. Por ello, el anuncio de traslados de grupos numerosos por mar todavía requerirá precisar quiénes estarían comprendidos, bajo qué procedimientos se ejecutarían las medidas y cómo se coordinaría su recepción en Venezuela.

Astudillo pasó a sesión reservada por inseguridad ciudadana

Las declaraciones se produjeron durante la presentación del ministro ante la Comisión de Defensa, donde también respondió preguntas sobre extorsión, venta informal de chips, acceso policial a información bancaria y funcionamiento del sistema de justicia.

Astudillo cuestionó que chips telefónicos puedan adquirirse sin una adecuada identificación de los usuarios y sostuvo que ello dificulta rastrear comunicaciones utilizadas para amenazas y extorsiones.

Tras las preguntas formuladas por los parlamentarios sobre aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, el titular del Interior solicitó que parte de su exposición continuara en sesión reservada.