El peruano Walter Jacobo Gutiérrez ha presentado una nueva demanda contra la firma Louis Vuitton. El origen de la disputa se remonta a 2022, cuando la firma francesa lo denunció por supuesta importación de artículos falsificados. Gutiérrez sostiene que las compras fueron realizadas en una tienda oficial de la marca en Estados Unidos.
En ese entonces, la justicia peruana declaró infundada la demanda de la empresa y la condenó a asumir los gastos legales, abriendo paso a una reclamación millonaria por parte del ingeniero.
Tres años después del inicio del conflicto, el proceso judicial sumó un nuevo capítulo tras la negativa de Louis Vuitton a conciliar por los daños alegados por Gutiérrez. El ingeniero decidió llevar nuevamente el caso ante los tribunales, exigiendo una reparación económica de 20 millones de dólares. El fallo que desestimó la denuncia inicial reconoció la autenticidad de los productos incautados y responsabilizó a la firma de cubrir las costas y costos del litigio.
La controversia comenzó cuando Gutiérrez regresó al Perú tras adquirir diversos artículos de Louis Vuitton en la tienda ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. En el aeropuerto internacional Jorge Chávez, las autoridades de Aduana retuvieron las compras bajo sospecha de falsificación, luego de una alerta emitida por la propia marca. Louis Vuitton argumentó que ciertos detalles en los diseños, como las flores y letras en las etiquetas, no coincidían con sus estándares de fabricación.
La batalla por la autenticidad
La acusación de Louis Vuitton derivó en una denuncia formal ante Indecopi. El organismo aceptó el planteamiento de la empresa e impuso a Gutiérrez una multa de 4,8 UIT, equivalente a aproximadamente 18 mil soles, además de retener los productos adquiridos. El ingeniero consideró que la decisión afectó su economía y reputación, pues la sanción se aplicó pese a presentar comprobantes de compra oficiales.
En respuesta, Gutiérrez apeló la sanción y solicitó informes bancarios que acreditaran las transacciones efectuadas en la tienda oficial de Louis Vuitton en Nueva York. Esta documentación resultó determinante en la segunda instancia del proceso administrativo. Indecopi revirtió la decisión inicial y concluyó que la acusación de la marca carecía de fundamentos. El organismo ordenó que la empresa asumiera los gastos del proceso, evidenciando fallas en la evaluación previa y en la verificación de los productos.
Gutiérrez criticó fuertemente a Louis Vuitton por iniciar el proceso sin una revisión exhaustiva de los artículos. “Si Louis Vuitton produce artículos defectuosos, es lamentable que hayan bajado sus estándares de calidad”, afirmó, señalando que la empresa trasladó al cliente las consecuencias de sus propios errores. El caso abrió un debate en torno a los mecanismos de protección al consumidor y el poder de las grandes corporaciones en disputas sobre propiedad intelectual y comercio internacional.
Pérdidas y demanda millonaria
El desenlace judicial se produjo el 8 de julio de 2025, cuando la demanda presentada por Louis Vuitton fue declarada infundada y la compañía fue condenada a pagar las costas del proceso. La resolución se basó en la autenticidad comprobada de los productos mediante los vouchers originales presentados por Gutiérrez. Esta decisión marcó un punto de inflexión en el caso, al confirmar la ausencia de pruebas sobre la supuesta falsificación.
El impacto del conflicto trascendió el ámbito legal. Walter Jacobo Gutiérrez relató que la acusación afectó su campaña política en San Juan de Lurigancho, ya que fue señalado públicamente como “vendedor de cosas falsas”, situación que —según su versión— fue utilizada por adversarios durante el proceso electoral. Además, denunció que nunca recuperó los cinco pares de zapatos decomisados, cuyo paradero permanece desconocido pese a la validación de su autenticidad.
De acuerdo con las publicaciones de Gutiérrez en redes sociales, en noviembre de 2025 envió dos cartas notariales de conciliación a Louis Vuitton solicitando una reparación integral por los daños materiales y morales sufridos. Ante la falta de respuesta de la empresa, el ingeniero inició una nueva demanda judicial por 20 millones de dólares.
El demandante sostiene que el trasfondo del conflicto no se limita a lo económico, sino que refleja un problema simbólico en la relación entre consumidores y grandes marcas de lujo. Considera que el caso evidencia los riesgos que enfrenta un cliente cuando una empresa de renombre internacional no reconoce sus propios productos y promueve acciones legales sin fundamentos sólidos. La nueva demanda busca una reparación completa tras años de litigio, pérdidas económicas y exposición pública.
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