El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha oficializado un nuevo procedimiento que permite dar de baja líneas móviles y bloquear celulares vinculados a delitos, en respuesta a solicitudes de autoridades encargadas de combatir la inseguridad ciudadana.
Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución de Consejo Directivo n.º 134-2025-CD/OSIPTEL, busca fortalecer las acciones contra delitos como extorsión y estafa, garantizando que las empresas operadoras respondan de manera ágil a los requerimientos de entidades como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La normativa surge en el contexto del estado de emergencia, periodo durante el cual ya se venían suspendiendo servicios móviles relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, la reciente resolución establece una directriz clara y permanente que obliga a las operadoras a proceder rápidamente ante la notificación de las autoridades competentes.
El objetivo central es frenar el uso de líneas móviles en actividades delictivas organizadas, en concordancia con el Decreto Supremo n.º 018-2025-IN, que fija los lineamientos para la baja y el bloqueo de equipos terminales involucrados en crímenes.
El procedimiento implementado por Osiptel contempla que, una vez recibido el informe de la autoridad responsable, la orden se traslada a la empresa operadora mediante el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).
A partir de ese momento, la operadora dispone de un plazo máximo de un día calendario para dar de baja la línea o bloquear el equipo móvil implicado. Esta respuesta rápida busca limitar el tiempo durante el cual los delincuentes pueden seguir utilizando estos dispositivos para actividades ilícitas.
La norma también prevé el proceso inverso: si la entidad competente lo solicita, la reactivación del servicio o el desbloqueo del equipo deberá realizarse en un plazo igual, siempre que la solicitud se efectúe dentro de los 90 días posteriores a la baja. Este mecanismo permite flexibilidad en caso de que se determine que la línea o el dispositivo no están relacionados con actividades delictivas o si se resuelve la causa que motivó la suspensión.
Un elemento clave de la disposición es la obligación de las empresas operadoras de informar al usuario afectado por todos sus canales de atención, detallando la fecha y el motivo de la medida, la entidad que la solicitó y los medios disponibles para presentar consultas u objeciones.
La transparencia en la comunicación con los usuarios es uno de los pilares de la nueva regulación, que busca evitar afectaciones injustificadas y mantener la confianza en el sistema de telecomunicaciones.
El incumplimiento de los plazos establecidos, la omisión en la comunicación al usuario o la falta de reporte de las acciones tomadas al Renteseg constituyen infracciones administrativas sujetas a sanción por parte de Osiptel.
Estas disposiciones refuerzan el marco de actuación de las operadoras y garantizan que las acciones para combatir el uso delictivo de líneas móviles se realicen de manera ordenada y bajo supervisión regulatoria.
Con esta medida, Osiptel reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección de los usuarios, al tiempo que dota de mayor eficacia a la lucha contra el crimen organizado que emplea tecnología móvil para perpetrar sus delitos.
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