El Poder Judicial confirmó la detención preliminar por 15 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso denominado “Los socios del Callao”. La medida fue ratificada luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao declarara infundada la apelación presentada por la defensa del funcionario regional.
La decisión fue adoptada tras una audiencia realizada este martes desde horas de la mañana, en la que se evaluó el recurso interpuesto por Castillo y otros investigados. Con esta resolución, el tribunal confirmó la orden de detención preliminar dictada a pedido del Ministerio Público, dentro de una investigación por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.
Decisión de la Sala Penal
Durante la lectura de la resolución, el magistrado Walter Coello Huamán indicó que la defensa del gobernador regional no logró precisar qué argumentos del fallo cuestionado carecían de sustento fáctico o jurídico. En ese sentido, el colegiado consideró que no se había desvirtuado la motivación expuesta por el juez de investigación preparatoria al momento de dictar la detención preliminar.
Asimismo, la Sala sostuvo que, en la etapa procesal en la que se encuentra el caso, no se exige un nivel de sospecha fuerte o vehemente como el que corresponde a una prisión preventiva. Bajo este criterio, el tribunal estimó razonable el requerimiento formulado por la Fiscalía, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con las diligencias restrictivas de la libertad personal.
Caso “Los socios del Callao”
Ciro Castillo es investigado en el marco del caso “Los socios del Callao”, una presunta organización criminal que habría operado durante el año 2023 al interior del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) y del Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) de dicha región. Según la tesis fiscal, al menos 15 funcionarios estarían involucrados en estos hechos.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían direccionado y adjudicado contrataciones públicas sin procesos de selección, utilizando el mecanismo de montos iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con el objetivo de eludir los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
Presuntas contrataciones irregulares
De acuerdo con el Ministerio Público, el presunto esquema delictivo se habría materializado a través de más de 60 contrataciones realizadas tanto en el GORE Callao como en el CAFED. Estas habrían beneficiado de manera reiterada a determinados proveedores, entre ellos Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez.
El perjuicio económico ocasionado al Estado por estas presuntas contrataciones irregulares asciende a S/ 1 461 121.10, según el cálculo fiscal. En el GORE Callao se habrían efectuado 37 contrataciones por S/ 874 mil 575 y 19 contrataciones adicionales por S/ 518 mil 525, mientras que en el CAFED se habrían realizado siete contrataciones por un monto total de S/ 68 mil 021.10.
Rol atribuido a Ciro Castillo y situación actual
La Fiscalía identifica a Ciro Castillo como presunto líder de la organización criminal, junto con Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), y Hiromi Zúñiga Jauregui, jefa de la Oficina de Logística del GORE Callao. Según la acusación, Castillo habría participado de manera coordinada y permanente en el direccionamiento de las contrataciones.
En ese contexto, el Poder Judicial declaró fundado el pedido fiscal de detención preliminar por 15 días no solo contra Castillo, sino también contra Whu Cárdenas, Zúñiga Jauregui, los proveedores presuntamente beneficiados y otros investigados. No obstante, el gobernador regional del Callao se encuentra en condición de no habido.
Designaciones cuestionadas y proveedores implicados
Uno de los ejes de la investigación fiscal se centra en las designaciones realizadas por la gestión regional. El Ministerio Público sostiene que Whu Cárdenas fue designado como asesor FAG pese a no cumplir con los requisitos exigidos, y que existiría incompatibilidad en sus funciones debido a vínculos comerciales con proveedores que contrataron con el GORE Callao.
Asimismo, la Fiscalía señala que las contrataciones habrían sido direccionadas hacia un grupo específico de proveedores, algunos de ellos vinculados entre sí y con funcionarios de la entidad regional. Según la hipótesis fiscal, estos hechos habrían permitido la adjudicación reiterada de órdenes de compra y servicio sin proceso de selección, en perjuicio del Estado, lo que sustenta la continuidad de las medidas restrictivas dispuestas por el Poder Judicial.
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