Agentes penitenciarios lograron impedir que un grupo de veintiún internos de alta peligrosidad del penal de Chiclayo ejecutaran un plan de fuga y motín con secuestro de rehenes. La medida, implementada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras detectar la preparación del acto delictivo, derivó en el inmediato traslado de los involucrados a penales de Cajamarca y Trujillo.
La intervención se llevó a cabo el domingo 21 de diciembre, bajo las directivas y mecanismos de seguridad del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. El procedimiento forma parte de una estrategia nacional destinada a fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, luego de que la inteligencia penitenciaria identificó la amenaza interna que ponía en riesgo la estabilidad del penal y la vida de su personal.
Un traslado basado en informes de inteligencia
Según información proporcionada por el INPE, la alerta se generó a partir de datos recopilados por equipos especializados en seguridad penitenciaria. Las investigaciones revelaron que un grupo de internos, pertenecientes tanto al régimen cerrado ordinario como al especial, coordinaba acciones para burlar los controles y desencadenar un motín con el objetivo de fugar y negociar su liberación a través de la retención de rehenes.
La respuesta consistió en la reubicación simultánea de los veintiún reclusos a establecimientos penitenciarios en las ciudades de Cajamarca y Trujillo. El INPE indicó que esta decisión obedece a la necesidad de evitar incidentes graves y preservar el orden dentro del penal de Chiclayo.
Protocolos de estricta vigilancia
El operativo de traslado estuvo dirigido por la oficina Regional Norte del INPE, cuyos funcionarios coordinaron la intervención bajo protocolos rigurosos. Cada movimiento fue supervisado desde el inicio hasta la llegada a los nuevos destinos para garantizar la custodia y minimizar riesgos durante el desplazamiento.
Las autoridades tomaron como sustento la Resolución Directoral N° 541-2025-INPE/ORNCH, que permite la redistribución de internos considerados una amenaza significativa para la seguridad penitenciaria. El procedimiento busca no solo aislar a quienes representan un peligro latente, sino también contribuir a la disminución de niveles de violencia y extorsión al interior de los centros carcelarios del norte del país.
Medidas en marcha contra la criminalidad
El Instituto Nacional Penitenciario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia mayor orientada a combatir la extorsión y otras actividades ilícitas desde el interior de los penales. En los últimos meses, la institución ha reforzado el trabajo conjunto con las unidades de inteligencia y la capacitación permanente del personal de vigilancia.
Funcionarios del INPE reiteraron que la seguridad penitenciaria es prioridad, motivo por el cual se implementan de manera constante medidas extraordinarias para impedir planes que puedan poner en peligro tanto a internos como a servidores penitenciarios.
Diversas fuentes señalaron que el traslado se efectuó sin previo aviso, a fin de salvaguardar la efectividad del operativo e impedir filtraciones hacia los grupos internos involucrados en la tentativa de fuga y motín.
El traslado de internos considerados de alto riesgo responde a una política nacional orientada a prevenir situaciones de crisis dentro del sistema penitenciario, reforzando el control y la vigilancia para asegurar la protección de la población y la integridad de los centros de detención.
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