“Los socios del Callao”: así operaba la presunta red criminal con órdenes de servicio, cambios en SUNAT y contratos repetidos, según la PNP

El megaoperativo desplegado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en Lima y Callao sacó a la luz una presunta red criminal que, según las autoridades, se había insertado en el gobierno regional para manipular procesos de adquisición de bienes y servicios estatales. La intervención, explicitada por el general Óscar Lira en declaraciones a TV Perú, incluyó la intervención de veintisiete inmuebles y la emisión de órdenes de detención preliminar contra funcionarios y empresarios ligados al esquema.

Las irregularidades detectadas involucran a dos empresas principales, quienes adaptaban su registro en la SUNAT para satisfacer requerimientos específicos de la administración regional. El esquema, implementado desde el año 2023, permitió la asignación continua de contratos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias, eludiendo la obligatoriedad de licitaciones abiertas y permitiendo un flujo de fondos públicos que, según la PNP, supera el millón y medio de soles.

Maniobras empresariales y privilegios con contratos estatales

La investigación liderada por la División contra la Corrupción identificó patrones en la asignación de contratos públicos a través de órdenes de servicio que, individualmente, no superaban los montos establecidos para procesos concursales. Estas órdenes permitieron que dos proveedores recibieran reiteradamente adjudicaciones directas en un periodo de menos de dos años, asegurando su presencia exclusiva en el mercado regional.

El general Óscar Lira detalló que, cuando desde el propio gobierno regional surgían requerimientos de bienes o servicios, los proveedores sospechosos actualizaban su rubro económico en la SUNAT para encajar en cada oportunidad. Esta estrategia permitía que las áreas usuarias dirigieran pedidos de manera efectiva, garantizando que los adjudicados fueran siempre los mismos operadores. El beneficio, aclaran desde la PNP, incluía la simulación de competencia y el control del flujo de fondos, concentrando cerca de un millón y medio de soles en contratos.

Así operaba la presunta red y la reacción policial

El megaoperativo que involucró a la Fiscalía y a la Policía Nacional se ejecutó en inmuebles ubicados tanto en Lima como en diferentes distritos del Callao. Según confirmó el general Lira en la señal de TV Perú, la acción fue posible tras dos años de investigación y la revisión detallada de documentos, evidencias electrónicas y testimonios protegidos recabados por los agentes especializados.

La Fiscalía solicitó detención preliminar para veinticinco personas, de las cuales se concedieron medidas contra once, entre ellos ocho funcionarios radicados en el país y tres con paradero en el extranjero. Aunque la resolución judicial aún mantiene el caso en etapa preliminar, la PNP sostiene que existe evidencia documentada sobre la operatividad de la organización y sus mecanismos de beneficio ilícito. A la par, se activaron alertas migratorias y restricciones para evitar la fuga de investigados, incluido el gobernador regional Ciro Castillo, señalado como presunto cabecilla del grupo y actualmente con paradero desconocido.

Modificaciones en registros y concertación para el desvío de fondos

El aspecto más novedoso de la investigación recae en la detección de empresas que alteraban rápidamente su rubro registrado ante la SUNAT para responder a requerimientos oficiales cambiantes. De acuerdo con la PNP, esta táctica agilizaba la adjudicación a los mismos proveedores, en desmedro de la transparencia y el acceso competitivo. El General Lira explicó que incluso, ante la inexistencia de alguna capacidad técnica de los proveedores para un servicio puntual, estos actualizaban sus datos para ajustarse y ser seleccionados.

Las contrataciones señaladas incluyeron servicios logísticos, suministros, publicidad y mantenimiento de infraestructuras regionales. Siempre, el denominador común fueron las cantidades por debajo del umbral legal para licitación, lo que facilitó la acumulación de ingresos públicos sin el filtro de supervisión obligatoria. Los representantes de la PNP advirtieron que los mecanismos de control interno habrían resultado insuficientes frente a la sofisticación del esquema denunciado.

Impacto financiero, alcance del operativo y siguientes pasos

El operativo coordinado en veintisiete inmuebles resultó en la detención de ocho de los once investigados, mientras tres más permanecen fuera de territorio nacional. En simultáneo, la División contra la Corrupción de la PNP y el Ministerio Público aseguraron documentos y registros electrónicos considerados clave para esclarecer la ruta del dinero y la eventual responsabilidad penal de los investigados.

Según el general Óscar Lira, el perjuicio estimado al Estado asciende a cerca de un millón y medio de soles, suma repartida en adjudicaciones segmentadas a dos empresas principales. La Policía mantiene activa la búsqueda de los sospechosos no ubicados, entre ellos el gobernador regional, y anunció que las pesquisas continuarán en colaboración con agencias fiscalizadoras y otros órganos del sistema judicial.