La Fiscalía ha iniciado una de las acusaciones más significativas en torno al caso ‘Dedo de Dios’, relacionado con presuntas irregularidades en la construcción del tramo 4 del Corredor Vial Interoceánica Sur, una de las obras de mayor alcance en la conexión entre Perú y Brasil. Con el pedido de 11 años de prisión para exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la acción fiscal despliega una ofensiva clave contra la supuesta colusión en el aparato estatal.
El Equipo Especial Lava Jato, representado por la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, entregó el requerimiento ante el Poder Judicial, señalando a José Ortiz, Mario Arbulú y Kitty Trinidad, además de otros implicados, como responsables de favorecer indebidamente a determinados consorcios en la ejecución del megaproyecto. El caso refuerza el enfoque de las autoridades en la fiscalización de licitaciones que involucran cuantiosas inversiones públicas.
Acusación formal para exfuncionarios del MTC
La acusación fiscal presentada destaca que los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, identificados con cargos de responsabilidad durante el segundo gobierno aprista, habrían participado en maniobras para beneficiar intereses privados en procesos contractuales estratégicos. Los expedientes redactados por la Fiscalía reflejan una serie de presuntas desviaciones a la legalidad en la asignación y supervisión del tramo vial.
Junto a Ortiz, Arbulú y Trinidad, otros investigados enfrentan la posibilidad de recibir una condena de once años de cárcel, conforme lo solicitado por el Ministerio Público. Las autoridades buscan que el proceso avance rápidamente en el Poder Judicial para esclarecer el grado de participación de cada implicado y fijar eventuales responsabilidades por la supuesta afectación a los recursos estatales.
El caso “Dedo de Dios” en el eje de Lava Jato
La investigación del caso ‘Dedo de Dios’ se integra al conjunto de expedientes impulsados por el Equipo Especial Lava Jato, unidad dedicada a combatir la corrupción en megaproyectos públicos de infraestructura. Esta acusación representa el expediente número 30 presentado ante los tribunales, evidenciando la magnitud y el alcance de las pesquisas abiertas en torno a contrataciones estatales.
El tramo 4 de la Interoceánica Sur ha sido objeto de reiterados cuestionamientos debido a presuntos sobrecostos, pagos no respaldados y adjudicaciones a empresas sospechosas de prácticas colusorias. Para la Fiscalía, este caso es emblemático por el volumen de fondos implicados y la compleja red de actores involucrados, tanto en la administración pública como en la esfera privada.
Detalles de la presunta colusión en la Interoceánica Sur
Según el análisis del Ministerio Público, los acusados habrían articulado mecanismos para favorecer a determinados consorcios durante la etapa de licitación y posterior ejecución del megaproyecto vial, acción que habría generado ventajas ilegítimas e impacto negativo para las arcas estatales. El expediente cita documentación y testimonios orientados a demostrar que las decisiones tomadas en el proceso carecieron de transparencia e imparcialidad.
Las irregularidades reportadas incluyen posibles acuerdos previos entre funcionarios y representantes de empresas constructoras, así como deficiencias verificadas en la verificación y validación de los trabajos realizados. La investigación sostiene que la aparente connivencia permitió que el Estado asumiera costos por encima de lo evaluado originalmente en el proyecto, agravando el perjuicio económico.
Proceso judicial y control de legalidad
El requerimiento fiscal ya fue ingresado al Poder Judicial, donde corresponde su evaluación bajo el procedimiento de control de legalidad previo a una eventual apertura del juicio oral. Desde la Fiscalía, se señaló que este paso resulta fundamental para garantizar que todas las pruebas presentadas cumplan con los estándares exigidos y puedan ser debatidas íntegramente ante la autoridad jurisdiccional.
La resolución del Poder Judicial determinará si el caso puede avanzar a la siguiente etapa procesal, donde se pondrán en discusión los indicios recabados sobre la supuesta colusión. Este expediente constituye uno de los procesos más monitoreados en la agenda nacional, al asociar el destino de fondos públicos con prácticas irregulares detectadas en proyectos emblemáticos de infraestructura.
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