Transportistas de carga en Perú han anunciado un paro macrorregional como respuesta a la inseguridad que se vive en las carreteras, exigiendo al gobierno de José Jerí acciones concretas frente a la criminalidad que opera sin freno a lo largo de rutas clave como la Panamericana Sur, el Callao y regiones del norte.
Según Convoca.pe, los líderes gremiales atribuyen la crisis a un sistema de seguridad colapsado y denuncian que las pérdidas superan los 290 millones de dólares anuales.
La situación se ha vuelto insostenible en puntos como el tramo Pisco–Cañete, donde los llamados “patinadores” —grupos que abordan camiones en movimiento— amenazan a diario a choferes y propietarios.
Edwin Canales Pérez, presidente del Frente Nacional de Transportistas de Carga, relató que los conductores avanzan bajo un clima de temor permanente.
“Sufrimos asaltos casi todos los días”, indicó el dirigente. Autoridades como la Policía Nacional del Perú (PNP) han sido señaladas por su inacción tras recibir múltiples denuncias, lo que, según los gremios, genera un ambiente de abandono e impotencia en el sector.
El Ministerio Público confirmó mediante cifras oficiales que las extorsiones en 2024 alcanzaron 22.835 casos, mientras los robos y extorsiones, sólo hasta septiembre de 2025, superaron los 70.000 incidentes, según datos recabados por el mencionado medio.
Es decir, cada 20 minutos ocurre un ataque al transporte de carga en Perú, con focos principales en La Libertad y distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.
En el puerto del Callao, la presidenta de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones (UNT Callao), Teresa Campos Ayala, denunció hostigamientos diarios y asaltos durante las largas colas de acceso, donde los delincuentes buscan dinero o pertenencias y realizan amenazas si los conductores se niegan a colaborar.
Del reclamo gremial a las demandas políticas
El paro macrorregional de transportistas es, para los dirigentes, “la única salida” para forzar al Estado a intervenir. Además, la frustración ante el abandono institucional ha propiciado un giro político en el sector.
Representantes sindicales como Javier Marchese, Javier Corrales y Martín Valeriano han solicitado licencia para postularse al Congreso en 2026, convencidos de que solo la representación política logrará soluciones estructurales.
“El crimen se organiza y avanza con rapidez”, explicó Marchese, al describir la situación en Trujillo, donde las extorsiones afectan no solo a los operarios, sino también a los dueños de las empresas.
Valeriano añadió que en Lima prácticamente todos los transportistas están sometidos a pagos diarios que pueden alcanzar hasta 10 soles por unidad a bandas organizadas.
La crisis cuenta con el agravante de un presupuesto de S/15.532 millones en seguridad, ejecutado por la Policía en 2025, que no logra contener la expansión del delito.
Las medidas de autodefensa, como la colaboración del gremio con el Colegio de Abogados de Lima para derogar leyes consideradas “pro crímenes”, son señal de un sector que recurre a mecanismos legales y de protesta para intentar controlar la ola delictiva.
El paro nacional de 48 horas convocado para diciembre por Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, busca llamar la atención sobre incendios y ataques contra empresas formales, incidentes que, según los voceros, ponen en riesgo a millones de viajes diarios y a la economía nacional.
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